La convocatoria a las elecciones del próximo veintisiete de octubre, que elegirá a alcaldes y gobernadores, es un ejercicio tradicionalmente utilizado en el país, para premiar lealtades y castigar disidencias, que estaría mejor empleado si sirviera para incorporar voces transformadoras, espíritus independientes y personas capaces de provocar una reforma institucional que frene el deterioro de la clase dirigente.
Los electores también tienen responsabilidad en el proceso de selección, si quieren mejores servicios y políticas públicas acordes con sus necesidades, combatir la corrupción, la pobreza, el desempleo, el cuidado de la salud, el déficit de obras básicas y sin duda, la educación, tendrán que ser más exigentes a la hora de votar, descartando de facto, a quienes tienen rabo de paja y ofrecen una retórica vacía en lugar de propuestas, insultos en lugar de debate razonado y división oportunista, cuando el país necesita diálogo constructivo.
Hay una agenda grande de temas que los partidos políticos o los candidatos no le proponen al país, millones de jóvenes sin educación, sin un horizonte visible de prosperidad, nadie habla de renovación de energía, de la protección del agua, de la descontaminación de ríos.
Colombia era una inmensa fábrica de agua y estamos permitiendo que ese templo natural sea profanado de una manera infame. Es cierto que ningún ordenamiento contempla el cumplimiento de los programas electorales como requisito indispensable de legalidad, por eso, en campaña se dice mucho y se cumple poco.
Hace falta buena dosis de optimismo para pensar que las próximas elecciones resolverán esas carencias, la mayoría de aspirantes no tienen una agenda nueva, a fortiori, el resultado del informe presentado por la Fundación Paz y Reconciliación encontró candidatos cuestionados por corrupción, relacionados con grupos armados ilegales, organizaciones criminales, herederos vinculados con escándalos de parapolíticas.
Menudo panorama, según el informe, la organización realizó un monitoreo a 522 candidaturas en todo el territorio nacional: conclusión, 130 candidatos cuestionados aspiran a alcaldías, 47 a gobernaciones, cuatro a asamblea y dos a concejo.
Lo que no logro entender es cómo hay tantas candidaturas cuestionadas, con qué cara estos candidatos hacen campaña como si nada pasara, tampoco entiendo por qué los ciudadanos no ejercen control social; y lo que es peor, cómo los partidos políticos avalan candidatos con problemas jurídicos.
En casi todos los países europeos, el control exigido en el aspecto privado y penal de aspirantes a cargos de elección popular es fundamental ¿Por qué en Colombia no? Estoy convencida que aquellos que profesan ser paladines de la justicia y salvadores de la patria son, en general, ¡unos farsantes!
dicripa@yahoo.com
Comentarios