Entre el DIH y la ética militar

Columnista Invitado

El doloroso resultado de la operación militar en el Caquetá, hecho que detonó la renuncia del Mindefensa, ha sido profusamente interpretada desde la perspectiva del DIH, ángulo desde el cual habrá argumentos en contra y a favor de la operación como los de Rafael Nieto Loaiza, quien los encabeza sosteniendo que la operación fue “claramente lícita a la luz de la Constitución y la Ley, y ciertamente legítima a la luz del DIH”. Y aunque tiene en parte la razón, porque deja de lado aspectos tales como “proporcionalidad del uso de la fuerza”, en un futuro litigio surgirán más argumentos a favor y en contra.

Sin embargo- y sin pretender hacerle el quite a las distintas responsabilidades personales que aflorarán- el fondo del problema no está donde parece ubicarlo Nieto, sino en la preocupantemente baja temperatura ética de la sociedad colombiana. A lo que hay que agregar, interpretando a José Ortega y Gasset, que es en la institución castrense donde más se reflejan, y por ende detectan, las virtudes y vicios más protuberantes de una sociedad. Por lo anterior, no hace mucho recibió varios aplausos, un “prestigioso abogado” -que suele desplazarse en avión privado a atender sus jugosos contratos-, cuando, públicamente y sin titubear, afirmó que “el derecho no tiene nada que ver con la ética”.

Ahora bien, el descenso de la temperatura ética ha sido un proceso paulatino pero constante y claro está, se ha visto reflejado en muchos políticos, tanto en su espíritu de servicio -no al bien común sino a sus intereses de poder-, como en olvidarse de que existe la posibilidad de renuncia a los cargos, así sea por “ética utilitarista”, es decir calculando volver más adelante al ejercicio del poder. Dicho proceso se observa elocuentemente reflejado en el siguiente aparte de la columna de Ricardo Silva Romero (El Tiempo 08-11-2019):

“Cuando yo era niño los ministros renunciaban todo el tiempo. Basta remover los archivos de El Tiempo para recordar, por ejemplo, que Betancur aprovechó la dimisión de su canciller para cambiar a la mitad del gabinete en junio de 1984 o que Barco nombró su noveno ministro de Justicia en octubre de 1989. Basta escarbar un poco más para confirmar lo usual que era irse: Lemos Simmonds se fue en marzo de 1990 indignado porque su ida podía leerse como un triunfo del narcotráfico, Vargas Linares se fue en mayo de 1992 cansado de que no le dejaran privatizar Telecom, Martínez Neira se fue en agosto de 1996, agosto de 2000, junio de 2015 y mayo de 2019 urgido por retomar su propia causa, sí, pero todos se fueron. Ser ministro era un honor de paso. El Gobierno acompañaba a la tumba, pero no se enterraba con nadie”.

Se acabó el espacio y solo queda preguntar respecto al doloroso resultado de la operación militar en el Caquetá: ¿Era el bombardeo la única opción táctica que tenía a la mano quien la ordenó?

Coronel (r)

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