Las quejas del general Penilla por los cuestionamientos a su juicio exagerados, sobre las actuaciones de sus hombres y la indisciplina del Director de la Policía en un debate en el Congreso, desafían la democracia. En el estado de derecho las actuaciones de los integrantes de las fuerzas de seguridad deben aceptar la constante supervisión desde el Legislativo y el Ejecutivo; la sociedad civil y los medios de comunicación como garantía de su trasparencia y legitimidad.
Por eso es grave y muestra de debilidad política que el presidente Duque en lugar de escuchar los cuestionamientos nacionales e internacionales ante los abusos policiales durante el último mes de protestas y fortalecer el control democrático, salga a proponer aumentar el Esmad y hasta militarizarlo con soldados contraguerillas.
Presentar esta medida como parte de una política de seguridad ciudadana no solo es absurdo sino insinúa una preocupante condescendencia presidencial con abusos como el trasladado a la fuerza de ciudadanos en carros particulares; las ocho personas con lesiones oculares, en lo que parece una estrategia para “cegar” a una generación que nos está abriéndonos los ojos y la “muerte violenta” de Dilan Cruz.
Pero no son solo los excesos en el manejo de la protesta ciudadana lo que viene minando la credibilidad de la policía. También están las denuncias de corrupción que salpican al risueño general Atehortúa en un contrato de construcción de casas por más de 18.000 millones y la aparente vinculación de policías antinarcóticos con el narcotráfico.
Definitivamente, algo anda mal en esta institución desde hace rato y ni la reforma anunciada por Santos con base en la comisión de expertos creada en 2016 al calor de escándalos como el de la “comunidad del anillo” y las chuzadas a periodistas; ni mucho menos la estrategia de seguridad de Duque, le pondrán “el cascabel al gato” para que podamos contar con una Policía moderna, profesional y verdaderamente al servicio de la seguridad ciudadana.
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