Autonomía de las regiones y alianzas estratégicas

Columnista Invitado

Ahora que comienza a partir del primero de enero del año 2020 el nuevo período constitucional de los Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Ediles y Comuneros;   debemos  reclamar el derecho que tenemos a ser más dueños de nuestro propio destino, sin dejar de pensar nunca en el de Colombia como nación.  No queremos un regalo, reclamamos un derecho consagrado en la Constitución Política que ya es nuestro y que además está lleno de razones sociales, filosóficas, políticas y económicas, reconocidas hoy en todo el mundo.

Precisamente la diversidad de nuestras idiosincrasias, de nuestros grados de desarrollo y de nuestras geografías, y la diferente intensidad y características con que vivimos los problemas y conflictos que hoy afronta Colombia, es lo que hace que busquemos una mayor autonomía y un tratamiento normativo diferente, que nos permita crecer a todos juntos en medio de nuestra diversidad, que en el fondo es riqueza creadora de nacionalidad y bienestar.

No somos pocos los que retomamos las banderas de una profunda reforma al establecimiento y propugnamos por una descentralización a fondo,  la adopción de la autonomía de las entidades territoriales y una auténtica participación ciudadana en la toma de decisiones, tal  como lo señala nuestra propia constitución política.

La conformación de las Regiones, ha sido en el país un proceso truncado, dado el poco interés de la clase política en definir el marco jurídico del Ordenamiento Territorial. Han pasado más de veintinueve años desde que los legisladores recibieron este mandato constitucional y hasta la fecha esta ley sigue sin su estructuración y promulgación. Esperamos que haya un verdadero proyecto de ley que  no sufra la misma suerte de las propuestas anteriores. Se han hecho algunos avances, pero los importantes no se han tocado y aprobado.

El trabajo de construcción social de región, es un tema sobre el cual se ha venido trabajando en el país durante no menos de tres décadas,  su vigencia es de inmensas dimensiones y repercusiones sociales y políticas, en razón a que los cambios que en este terreno se den, pueden afectar las bases sobre las que se soporta las prácticas políticas reprobables, pero además, las reglas con base en las cuales hoy se definen las funciones, la distribución de las transferencias y recursos del Estado, la composición de los cuerpos colegiados elegidos popularmente y los límites administrativos.

Si queremos triunfar, no deben primar los intereses coyunturales.  Lo importante es que tengamos muy claro lo que nos une ahora por encima de cualquier cosa: la lucha conjunta por lograr la autonomía de nuestras regiones sin desmedro de la unidad nacional, y la necesidad urgente de conformar alianzas territoriales como forma propicia para lograr encontrar el desarrollo sostenible y sustentable.

El tratadista Jaime Castro, en su columna  periodística de hace seis años publicada en el  Ámbito Jurídico No. 379 del 30 de septiembre de 2013. “La descentralización vive su más grave y profunda crisis, porque no hemos hecho la reforma política territorial que le ponga pueblo, y se la quite a las roscas y camarillas que se apoderaron de ella”.   El escenario principal desde ahora está en manos del  Presidente de Colombia y del Congreso de la República, donde estaremos pendientes del verdadero trámite del Proyecto de Ley  de Ordenamiento Territorial.

Que el Gobierno Nacional, los partidos y movimientos políticos, y en especial los  congresistas, tengan muy claro que se deben a sus regiones, y que por ellas están donde están.  Ojalá no se olviden que los votos y el favor popular que requerirán en próximas elecciones que se avecinan, están en las regiones y no en el centro. Por ello, y esto también va sino se implementa el desarrollo territorial en este gobierno, para el debate presidencial que ya empiezan a agitar sus ideas y en general para todos los candidatos al Congreso, que se renovará en el año 2022, en donde se  deben comprometer con la lucha por la descentralización y la autonomía de las regiones en sus discursos y propuestas de campaña. La provincia debe mirar con ojo avizor el trámite de las reformas de la democracia local y regional.

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