Desde mediados del año pasado, varias voces le han solicitado al Presidente hacer cambios en el gobierno debido a su falta de gobernabilidad en el Congreso y por los bajos resultados de algunos ministros. Los partidos políticos tradicionales están expectantes a ver si el Presidente cede ante las presiones para incluirlos en el gabinete. Estas colectividades se interesan por conseguir mermelada, dejando atrás el bienestar de los ciudadanos.
Uno de los rumores más fuertes es la salida del Ministro de Agricultura, Andrés Valencia. Fuentes ciertas nos cuentan que en reuniones en Palacio, este ministerio está sobre la mesa de negociación con los partidos. Desde entonces se especula sobre quién ocupará esta cartera; la pelea está en entre Cambio Radical y los conservadores. El interés de los políticos no solo está en el ministerio sino en la gran cantidad de cargos y contratos en las entidades adscritas y vinculadas a este como el Ica, Banco Agrario, Agrosavia, Finagro, Adr, Udrt, Ant; todas estas con presencia regional.
Al parecer el sector agropecuario se convirtió en el comodín preferido de los gobiernos. En los últimos 10 años han sido designados 7 ministros de partidos e ideologías totalmente opuestas. En los últimos 30 han permanecido en promedio 17 meses; incluso uno de ellos duró tres meses.
Resulta así de fácil jugar con el bienestar de más de 11 millones de habitantes del campo y con el anhelo de convertir a Colombia en una de las despensas alimentarias del mundo.
¿Cómo se puede plantear una política y visión de largo plazo si no hay continuidad alguna?
Si volvemos a dejar la política agropecuaria y de desarrollo rural en manos de los políticos, nunca lograremos tener vías terciarias; garantizar seguridad social para los campesinos, brindar asistencia técnica con tecnologías de la información; desarrollar buenas prácticas sostenibles en la producción, formalizar la propiedad de la tierra; asignar cupos de crédito acordes a los ciclos de producción y hacer distritos de riego, en fin, lograr tantas metas que sin cabezas técnicas serán imposibles de alcanzar.
De confirmarse un nuevo ministro de carácter político, condenaremos a 11 millones de campesinos a no tener bienes públicos rurales; a desaprovechar las 40 millones de hectáreas para la producción agropecuaria, a convertir en un sueño imposible exportar de manera masiva nuestros productos y aún peor, seguir con los niveles de pobreza y de informalidad laboral del 36% y 83% respectivamente.
¿Queremos entregar el Ministerio de Agricultura y sus más de 10 entidades adscritas y vinculadas a los políticos? ¿Este es el costo que debemos pagar para que nos aprueben las leyes en el Congreso? El Presidente Duque tiene la oportunidad perfecta para demostrar que no ceder ante los políticos es lo que lo caracteriza.
Comentarios