Las cuentas de las Cajas

El Fondo Monetario Internacional, FMI, desde finales del siglo pasado –en la mayor crisis económica de la historia- y dentro de los “acuerdos” en los que exigía reformas estructurales de segunda generación, inició una campaña contra lo que denominó “impuestos a la nómina”.
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Se refería a las contribuciones o aportes parafiscales que las empresas hacían al Sena, al Icbf y a las Cajas de Compensación Familiar. Se partía de que la eliminación de dichos sobrecostos haría más competitiva a la economía nacional en la vía de que una menor tasa salarial era parte sustancial del rescate del pozo a donde se había caído.

Durante décadas esos aportes se habían comprendido como ingresos adicionales del trabajo. Esos pagos fueron especialmente beneficiosos para las familias y muy especialmente a las mujeres que hacen parte de la fuerza laboral.

Acceder a capacitación pertinente, contar con entidades que atiendan con el esmero y cuidados necesarios a los hijos durante los horarios de faena y gozar de los pagos de subsidio familiar y demás áreas de bienestar, que se han ido desarrollando alrededor de las Cajas, era, sin duda, una remuneración complementaria conseguida por décadas.

En la reforma tributaria de 2012, en el primer gobierno de Santos, se desmontaron los aportes al Sena y al Icbf y se han oído voces acerca de las limitantes que para la expansión y cumplimiento de sus respectivas misiones trajo esa decisión, incluso se han denunciado no pocos amagues para que esas funciones se vayan entregando a organizaciones privadas.

Ahora desde distintos centro de pensamiento neoliberal y también desde partidos afines al régimen político imperante se proyectan –con diferentes motivos y caminos- zarpazos contra las Cajas, lo cual le daría un golpe de gracia al poco estado de bienestar que queda en Colombia.

Algunas cifras permiten conocer el tamaño del perjuicio que esto acarrearía al desaparecer: Entre cuotas monetarias, formación y funcionamiento de bibliotecas destinaron al año más de $2,5 billones; cuentan con 318 centros recreacionales y deportivos donde 740 mil afiliados disfrutaron de 60 millones de servicios; se entregaron más de un millón de créditos sociales y casi 60 mil subsidios de vivienda; más de medio millón de niños, niñas y adolescentes son atendidos por los programas Foniñez y ha sido muy activo el Servicio Público de Empleo en particular con jóvenes y víctimas del conflicto armado.

Dentro de este panorama vale decir que 11 millones de afiliados -que cubren 23 millones de personas beneficiadas- serían afectados por prescindir de los variados servicios de las Cajas si se desmontan los recursos del subsidio familiar para financiar lo que se ha denominado como una supuesta Prima de Canasta Familiar. Vale preguntar a estas alturas qué entidad podría reemplazar las Cajas y dar un manejo serio a los $7 billones que administran y también preguntar si estos desaparecerían de un tajo o parcialmente dado que la proyectada Prima no abarcaría ni siquiera la tercera parte de esa suma.

Las Cajas deben seguir e irradiar más sus favorables actividades sociales incluso sobre grupos hoy en la informalidad, tercerizados o rurales, y, como prerrequisito indispensable, manejar con absoluta transparencia los dineros y bienes puestos a su disposición a favor de las familias trabajadoras, sabiendo que cualquier desaguisado en contrario serviría para que los exterminadores monten su relato reaccionario y procedan.

AURELIO SUÁREZ MONTOYA

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