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El sistema penitenciario colombiano ha fracasado. Su ineficacia se refleja en la falta de infraestructura, hacinamiento, precariedad en la atención de la salud, violación de derechos humanos y falta de programas idóneos de resocialización de los reclusos, convirtiéndose generalmente en el mejor doctorado de la carrera criminal.
La población carcelaria del país es de 122.105 personas repartidos en 141 centros de detención. Sin embargo, su capacidad es de 80.928 cupos; esto significa un hacinamiento del 50,88%
Los recursos requeridos para solucionar esta situación rondan los 12 billones de pesos. Estas inversiones se han venido postergando al no abordar el tema de una manera estructural y de largo plazo, no solo cuando hay alguna crisis.
Esta problemática es una bomba de tiempo a punto de explotar y en épocas de coronavirus, la posibilidad de que suceda es descomunal. Ante esta cruda realidad, el riesgo del contagio del virus y los motines que se presentaron en varias cárceles, el gobierno preparó un borrador de decreto para contrarrestar dichas eventualidades, buscando establecer una política de excarcelación masiva mediante la sustitución de penas de prisión y reclusiones domiciliarias. Pero, son muchas las dudas y preocupaciones que deja.
El Gobierno pretende resolver una crisis estructural carcelaria con un decreto basado en la declaratoria del estado de emergencia económica y social por el COVID-19. Aunque es indispensable tomar las medidas necesarias para proteger a la población carcelaria del virus, bastaría aplicar las leyes existentes en el ordenamiento penal.
Al establecer mediante un decreto quiénes gozarán de estos beneficios, muchos reclusos que no fueron incluidos presentarán una andanada de tutelas y solicitudes de libertad que colapsarán el sistema. Hoy los jueces y fiscales están trabajando a media marcha lo que llevaría a que por vencimiento de términos recobraran la libertad personas altamente peligrosas.
Adicionalmente, la Fiscalía advirtió que en el borrador no se excluyen los delitos de concierto para delinquir simple y homicidio simple que beneficiaría a miembros de temidos grupos como el Clan del Golfo y los Pelusos.
Aplicando las leyes existentes, se miraría cada caso en particular y no de manera general como supone el decreto porque conllevaría a que muchos de los grandes desfalcadores de nuestros impuestos terminen en casa por cárcel, pelea que los colombianos hemos dado hasta el cansancio.
Esto demuestra que el Gobierno no dimensionó técnicamente las consecuencias nefastas que esto podría traer. Debe quedarle claro al Gobierno que una cosa es la protección de las personas privadas de la libertad y otra muy distinta es que estas medidas se conviertan en una feria de libertad para los corruptos, violadores o terroristas.
¡No lo podemos permitir!
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