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-Los graves problemas de la salud se detectan fácilmente cuando observamos que la oferta de servicios de mayor nivel de complejidad está centralizada en las grandes capitales; en la provincia se cuenta con unos servicios básicos en algunas capitales de departamento y en el resto de municipios solamente se cuenta con unos hospitales que realmente son unos puestos de salud, con un mínimo de recurso humano y una escasa o nula dotación. El Covid-19, donde se requieren servicios de mediana y alta complejidad, permite observar que el sistema de salud en el país no cuenta con las necesarias camas de cuidado intermedio ni con las suficientes unidades de cuidado intensivo. Todo esto como consecuencia de un modelo de salud soportado en EPS ineficientes y clientelistas, centralizado financiera y administrativamente, y lo más grave, sin entidades de control que garanticen la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos y la vigilancia en el manejo de inmensas cifras de recursos públicos.
-La crisis económica se refleja en las preocupantes cifras de colombianos viviendo en condiciones inhumanas y excluyentes; según el Dane en Colombia antes de la pandemia del Covid-19, el 26,9% de compatriotas viven bajo la línea de pobreza (aproximadamente 13,5 millones de personas) y el 7,2% viven en pobreza extrema (aproximadamente 3,5 millones de personas), es decir que cerca de 17 millones de colombianos no tienen acceso al alimento o tienen acceso a un alimento sin ningún nutriente. Cifras extremadamente críticas se presentan en la tenencia de la tierra, según el libro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura–FAO, “Concentración y extranjerización de tierras productivas en Colombia”, el Censo Nacional Agropecuario del año 2014 cubrió un área de cerca 113 millones de hectáreas, equivalente al 98.9% de las unidades con cobertura censal y sus resultados señalan que el 75% de los predios o UPA (Unidades de Producción Agropecuarias) tiene menos de 5 hectáreas y ocupan menos del 2,1% del área censada. Por su parte, el 0,4% de las Unidades de Producción Agropecuaria tiene 500 ha y más, y ocupan el 76,6% del área censada. Este dato da indicios de la mala distribución de la tenencia y la marcada concentración de la tierra (Dane, 2016).
-La crisis ambiental se visualiza en las aterradoras cifras de deforestación de ecosistemas estratégicos, de zonas protegidas y de bosques, más de 200.000 Has arrasadas anualmente; 8 de cada 100 habitantes no consumen agua potable o simplemente no cuentan con este preciado líquido; la minería legal e ilegal arrasa con zonas de paramo donde nacen afluentes hídricos que surten de agua potable importantes ciudades, devasta cuencas estratégicas y contamina ríos y quebradas acabando con toda forma de vida en ellos. -El espíritu de la constitución política de 1991 fue claro en resaltar la importancia de adelantar un proceso de descentralización administrativa y potenciar la construcción de nación a partir de las regiones; desafortunadamente el proceso de descentralización debía darse a partir de fortalecer la institucionalidad local y definir un mecanismo funcional para articular y armonizar las acciones y los presupuestos de la nación, la región y los entes locales; esto no sucedió y hoy en el territorio las entidades públicas duplican esfuerzos, no se complementan y dilapidan millonarios recursos. Algo importante en la descentralización administrativa, es que debía ir acompañada de la asignación de recursos locales para generar sus propios desarrollos y el fortalecimiento de los órganos de control fiscal, disciplinario y penal en los territorios.
-Como no profundizamos la descentralización, hoy tenemos una administración pública nacional saturada de entidades, desarrollando actividades sectoriales, no complementarias, politizadas, ineficientes y con un alto grado de corrupción. Producto de esa centralización generalizada el territorio quedó huérfano de recursos financieros, de directrices de ordenamiento territorial, de desarrollo económico, de sostenibilidad ambiental y de unos servicios públicos mínimos para garantizar calidad de vida y transformación regional (mejor salud y educación, suficiencia de agua potable, saneamiento básico, espacios recreo deportivos, energía eléctrica, etc.).
Este crítico escenario nos lleva a pensar para la post pandemia en el inaplazable compromiso de construir un nuevo CONTRATO SOCIAL para Colombia, con estructurales reformas en lo social, la justicia, lo político, lo económico, lo ambiental y en la tenencia de la tierra; con una profundización de la descentralización administrativa, soportada ésta en el desarrollo del territorio y la construcción de REGIONES solidarias, competitivas y ambientalmente sostenibles.
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