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Por esto, con razón, ha sido considerada como hipócrita y mezquina, por un columnista de este Diario, por robarle la esperanza a millones de víctimas del conflicto armado, la propuesta de un Congresista presentada recientemente en el sentido de sustraer 2 billones de pesos de los 8 billones que no están siendo utilizados en la implementación del Acuerdo de paz firmado entre Estado colombiano e insurgencia en 2016. Por ello la organización “Defendamos La Paz” alertó al Consejo de Seguridad de la ONU contra este plan de “instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de paz”.
Con dicha propuesta de sustracción no sólo se reconoce que el Estado está incumpliendo lo pactado ante la comunidad nacional e internacional, sino que se pretende desviar los recursos destinados a suplir la ausencia de las instituciones en nuestro territorio por casi 70 años de conflicto, para –presuntamente- afrontar la pandemia, cuyos efectos, solo en salud, se estiman oficialmente en $4.961.885.951.600, entre los cuales cerca de 9 billones para las EPS, tanto para deudas anteriores, como para anticipo de servicios no POS, etc.
Sobre el incumplimiento por parte de quienes suscribieron los Acuerdos de paz, no es necesario recurrir al balance de la ex insurgencia. La Universidad de Notre Dame de EE.UU, que con su instituto KROK ha monitoreado la implementación, ha considerado que de las 558 disposiciones que deben cumplirse, el 37% de ellas ha logrado algún nivel de implementación, mientras el 32% ni siquiera se ha iniciado, poniendo especial atención en la desprotección y eliminación de reinsertados y líderes sociales, así como en civiles y miembros de la Fuerza Pública que están contribuyendo con la verdad.
Los programas de transformación social, verdadera garantía de no repetición del conflicto en toda Justicia Transicional, que han debido iniciarse desde 2017, han sido reemplazados por debates maniqueos sobre la impunidad; por ejemplo el nivel de implementación de la Reforma Rural es mínimo, comenzando con el archivo del proyecto de ley sobre Sistema Nacional Catastral de tierras; así mismo se archivaron los proyectos de Acto Legislativo sobre Reforma Política o sobre Circunscripciones para la paz, o el proyecto de ley sobre tratamiento diferenciado de pequeños cultivadores de plantas ilícitas, para citar solo algunas. Y por parte de la ex insurgencia, incumplimiento respecto de la entrega total de bienes de proveniencia ilícita o la declaración sincera de la verdad sobre el conflicto armado ante la Comisión correspondiente.
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