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La Corte sacó de nuestro ordenamiento dicha norma porque en nuestro país no puede castigarse un comportamiento que no trasciende la órbita personal del autor, que no repercuta en la autonomía y libertad de los demás, como cuando nos cortamos la cara al afeitarnos o consumimos una tableta comprada en farmacia, todo porque nuestra Constitución es libertaria, no totalitaria. Desde entonces quedó establecido, para nuestra doctrina sobre derechos, que quien es considerado enfermo es libre de decidir si recupera o no su salud, pues el Estado no es dueño de la vida de nadie y es la propia persona quien debe y puede darle sentido a su existencia; porque si el Estado se entromete en la autonomía de las personas, le “arrebata brutalmente” su condición ética, la reduce a simple objeto, la cosifica; igualmente porque si el Estado obliga a un enfermo a aceptar un tratamiento médico contra su voluntad, incluso como “medida humanitaria”, se atenta contra su libertad, dignidad y autonomía, pues cada quien es libre de elegir cuáles enfermedades se trata.
Nuestra Corte, como todo juez responsable, se basó, entre otros, en las investigaciones y argumentaciones del médico psiquiatra y profesor estadounidense Tomas Szasz, quien defiende en sus obras que “el hecho de drogarse no es una enfermedad involuntaria, (sino) es una manera totalmente deliberada de afrontar la dificultad de vivir, la enfermedad de vivir…”. Para este científico cualquier práctica médica, así como el uso de medicamentos, debe contar con el consentimiento del paciente; considera que privar de la libertad, por ejemplo encerrando en el hogar o en establecimiento estatal, con el argumento de que se hace “por su propio bien”, es inmoral.
Otros estudios también han demostrado (Goffman, Foucault) que el encerramiento prolongado se transforma en proceso de desculturización, desocializa, desadapta para vivir en libertad, produce pérdida del sentido de responsabilidad y de autoestima, etc. Así como el sedentarismo aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes, aumenta la hipertensión arterial, genera obesidad, depresión y tristeza por falta de liberación de endorfinas, envejecimiento y pérdida de masa muscular y de contenido mineral de los huesos, alteraciones del metabolismo, desequilibrios hormonales, etc. Pero tal como sucede en la ideología de la Resocialización, con la que se encierra para “hacerle bien a los prisioneros”, cuando en verdad sirve solo como estanque de contención de la conflictividad social y de venganza social disfrazada de sentido de justicia, con el encerramiento de los adultos mayores no se manifiesta el verdadero propósito cual es el de salvar el deficiente Sistema de salud que vive siempre en crisis para sus cotizantes, desde su fundación con la ley 100 de 1993. Encerrarlos a la fuerza significa entonces esconder un problema que vive la población adulta mayor en nuestro país: por ejemplo, el 20% de la población es adulta mayor; solo 1 de cada 4 goza de una pensión; de la población ocupada solo cotiza para pensionarse el 50%; 6 de cada 10 afiliados no se pensiona por falta de requisitos y entonces les regresan los aportes; 1 de cada 2 trabajadores informales no cotiza para pensión; el 48% de los cotizantes en Colombia lo hace sobre el salario mínimo; el índice de endeudamiento en adultos entre 55 y 75 años es del 30%.
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