Sistemas alimentarios sostenibles

Columnista Invitado

Todos los análisis de la crisis por Covid-19 indican que los pobres (más de 15 millones de colombianos) sufrirán el mayor impacto económico.
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Primero, porque muchos estaban en el sector informal de la economía y las restricciones de movilidad les impedía salir a ganarse el día a día, otros, perdieron sus ya de por si precarios empleos y, segundo, porque los pobres gastan un porcentaje mayor de sus ingresos en alimentación y uno de los efectos tempranos de la crisis es el incremento en el costo de los alimentos.  Esto nos lleva a pensar en la importancia de los sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos para garantizar en todo momento la seguridad alimentaria de la población.

Un sistema alimentario es el conjunto de actividades, actores y servicios vinculados desde la producción hasta el consumo, incluye, proveedores de insumos, agricultores, transportadores, comercializadores, distribuidores y consumidores.  La crisis ha puesto en evidencia las ineficiencias e inequidades de estas cadenas de abastecimiento alimentario en el país. Por ejemplo, en el caso de la región central (RAPE-RC) a la que pertenecen Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Meta, existe una alta concentración del mercado de los alimentos, los servicios y las capacidades logísticas en Bogotá. Según datos de la FAO, el 83% de los alimentos que ingresan a Corabastos proviene de esta región y este mercado mayorista es el referente para la conformación de precios, sin embargo, 3,5 millones de toneladas de los alimentos que entran a Corabastos se redistribuyen en toda la región. Esto implica la participación de seis o más intermediarios antes de que el consumidor adquiera el producto en un establecimiento minorista y, lo más crítico, que el alimento sea transportado más de 350 kilómetros desde la zona de producción; ocasionando costos adicionales en peajes, combustibles y emisiones de gases de efecto invernadero.  Estos sobrecostos económicos y ambientales los pagamos los consumidores, pero afectan desproporcionadamente a los pobres que invierten hasta el 60% de sus ingresos en alimentos. De otra parte, somos testigos de las enormes pérdidas de alimentos por falta de vías, inequidad en los precios al pequeño productor, carencia de redes de frío o ausencia de centros de acopio e infraestructura de procesamiento en las zonas productoras.  Los más afectados en este caso, son los agricultores familiares y pequeños productores, que son quienes aportan más del 70% de todos los alimentos de la canasta básica de los colombianos.

Las soluciones deben ser integrales, se requieren políticas públicas intersectoriales diferenciadas con énfasis en los pobres rurales, que prioricen la inversión en vías secundarias y terciarias, servicios públicos eficientes  y acceso a internet, acceso a energías renovables, programas de apoyo financiero y servicios técnicos innovadores para agricultores familiares, inversión en centros de acopio y mercados locales, procesamiento agroindustrial a nivel rural, y por supuesto, mejor infraestructura y acceso a servicios de educación y salud de calidad. 

Las compras públicas institucionales de alimentos a los agricultores familiares y su vinculación a los programas de alimentación escolar, así como, el desarrollo de mercados de cercanía y circuitos cortos son esenciales para reducir la pobreza y mejorar la sostenibilidad en el campo colombiano. No sólo porque reducen los niveles de intermediación que afectan la rentabilidad de los pequeños productores de alimentos, sino porque garantizan el acceso a alimentos frescos y sanos con menores costos ambientales.

La sociedad en general debe entender que comprando los alimentos directamente a los productores beneficia su economía, mejora su dieta y contribuye con el medio ambiente. Esta crisis por el Covid-19 es una oportunidad única para que el gobierno y la sociedad vuelvan a invertir en el campo colombiano.

DR. TITO E. DIAZ MUÑOZ

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