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A 30 de junio, las cifras reflejan que la deuda del país supera el 50.7% del PIB, del cual el 29.5% corresponde a la deuda pública, cifra muy alta y que obliga a repensarnos. Estos valores se pueden explicar por la disminución del PIB en un 6.8% en 2020, el aumento del desempleo y el mayor gasto generado para enfrentar el Covid-19 y generar la reactivación económica. Vale la pena resaltar el deterioro económico y social por la tasa de desempleo que se elevó hasta el 22% hace un año, pero que hoy se ha venido recuperando y se encuentra en 15.1%, a pesar de la situación de inestabilidad política del país.
A un año de las elecciones para Congreso y Presidencia, y conociendo la difícil situación social, hoy más que nunca y por encima de los intereses políticos, se requieren maximizar los esfuerzos para buscar los consensos y reencontrar la senda del crecimiento y la estabilidad económica de nuestro país. Debemos insistir en iniciativas colectivas para incentivar el ahorro, mejorar la productividad y promover el consumo, especialmente de productos nacionales para apoyar la industria colombiana.
Es indiscutible la necesidad de una reforma tributaria que logre incrementar los recursos del Estado para cubrir las necesidades adicionales generadas por la pandemia y corregir la desigualdad crónica del país. Debemos hacer una reforma tributaria basada esencialmente en gravar a las grandes empresas y las personas de mayores ingresos sin tocar a la clase media, como ha venido proponiéndose desde diferentes sectores gremiales y clase política.
El gobierno debe aprovechar la coyuntura y buscar el mayor ahorro en el gasto público, para lo cual se plantea la disminución de salarios, viáticos y número de altos funcionarios públicos, como congresistas y magistrados; acabar con privilegios como vehículos, conductores y seguridad al servicio de los mismos, así como eliminar los gastos suntuarios, que podrían convertirse en el mayor recaudo de la reforma. Aportaría enormemente a este propósito de mejorar las finanzas nacionales, disminuir el tamaño del Estado y una lucha frontal y efectiva contra la corrupción, con lo que se generaría un 15% de ahorro en el gasto del país. Esto, aunado a un crecimiento en Colombia del 7% del PIB en 2021, según pronóstico de la Ocde, volvería a estabilizar las finanzas públicas a los niveles que se tenían en el periodo prepandemia.
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