Planeación transparente

Columnista Invitado

Comienza el año 2023, y en este primer mes, las entidades públicas, tienen la obligación legal de formular sus planes anuales anticorrupción y atención al ciudadano, con el fin de promover la cultura de la legalidad en su gestión interna. 
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La importancia de esta herramienta no es menor. A través de este plan, se establecen las estrategias para garantizar la transparencia de cada ente territorial, en términos de prevención y mitigación de riesgos y de corrupción, se asegura un acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios de las entidades, consagra los espacios de diálogo ciudadano, y se planean las estrategias para una mejor y mayor difusión de la información de carácter público. 

Conocer estos planes y vigilar activamente su implementación, debería ser de suma relevancia para la ciudadanía, teniendo en cuenta que uno de los principales retos que enfrentamos como sociedad, es precisamente, la superación del flagelo de la corrupción, que, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), puede representar entre el 10 y el 25 % del valor de un contrato con el Estado. 

Según Transparencia por Colombia, solo el 5 % de los recursos públicos comprometidos por actos de corrupción se logran recuperar. Esto significa que los esfuerzos deben centrarse en la prevención de los riesgos que podrían materializarse en actos de corrupción.

A nivel territorial, es importante que las administraciones públicas, en primer término, tengan dirigentes con la voluntad política para regir sus actuaciones y las de sus colaboradores bajo parámetros de ética pública, economía y transparencia, y estándares de seguimiento y control efectivos y oportunos. 

Adicionalmente, es necesario asegurar canales de denuncia que garanticen confidencialidad y protección al denunciante, y mecanismos de seguimiento de las actuaciones desplegadas en cada caso denunciado. 

La divulgación completa, oportuna y organizada de la información relevante, la implementación de procesos contractuales que garanticen la libre competencia y el fortalecimiento de los canales de participación ciudadana, deben ser preceptos de obligatorio y efectivo cumplimiento por parte de las administraciones públicas, permitiendo al mismo tiempo, la ejecución de un control social más pertinente y efectivo, que pueda disminuir las posibilidades de la concreción de situaciones que puedan vulnerar la correcta inversión de los dineros públicos.

Así como las promesas de año nuevo, la transparencia debe trabajarse para que sea un propósito perdurable; un compromiso, más allá de las promesas de campaña.

MARCELA PABÓN

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