Que la economía empresarial está convaleciente es una verdad de a puño. Además del alto índice de desempleo, no es sino darle un vistazo a recientes titulares: “Con IA atenderemos avalancha de empresas en ley de insolvencia”.
La construcción de un territorio sostenible y competitivo, implica un ejercicio de fortalecimiento institucional al interior del mismo y la prioridad de formular Lineamientos de Ordenamiento Territorial - LOT del Esquema Asociativo Territorial - EAT, que incluya determinantes ambientales, sociales, económicas y culturales; seguidamente y para crear un frente común en defensa de estos territorios, se debe propender por articular estos ejercicios supramunicipales en un escenario mayor como el supradepartamental.
Los economistas nos enseñan que la economía mundial se nutre, entre otros factores, del sistema financiero, específicamente de las tasas de interés, y de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución Política de 1991, este sistema debe orientarse hacia a la democratización de crédito. He de resaltar que este sector económico influye en gran parte en el desarrollo, constituye en un factor de crecimiento y, por tal razón, se justifica la intervención del Estado para corregir sus disfuncionalidades.
¿Cómo pueden unos pocos Magistrados sacar del ordenamiento una ley que teóricamente es la expresión popular por provenir del Congreso?, o ¿Cómo puede un solo Juez enviar a la cárcel , por ejemplo, a un Alcalde por el que votaron miles de personas? Este tema ha sido objeto de estudio de la ciencia jurídica, desde el siglo XVIII en EE.UU. (Hamilton, Madison) hasta nuestros días, para justificar la autonomía e independencia de la Justicia, optando por la necesidad de crear un sistema de pesos y contrapesos y dándole la razón a los jueces para que decidan independientemente de corrientes de opinión o de mayorías numéricas: todo porque el Poder Judicial, a diferencia del Poder legislativo o del Ejecutivo, no tiene legitimidad democrática, sino constitucional, es decir deben decidir a sabiendas de qué están sometidos al ordenamiento jurídico y al orden de los derechos y no dependen del apoyo o rechazo popular.
Andrés Blandón, del barrio Los Mártires de Ibagué, es un ciudadano que comprendió el verdadero significado de conectar con sentido. Es dueño de una lechonería y desde uno de los programas de MinTIC le entregamos una página web para que impulsara su negocio en el mundo digital, y así lo ha hecho.
Como siempre el Gobierno nacional con el “ comentarista de TV “ a la cabeza, sigue despistado y la Martuchis poco o nada ayuda. Pese a que me encuentro ideológicamente alejada de la senadora Avella, hay que reconocer que es una trabajadora dedicada, incansable, presenta proyectos (52), es ponente (10) y llama a control político (24), a diferencia de esos congresistas, estilo el cantante Char, que tienen cientos de incapacidades y ausencias en una legislatura.
La actual situación de pandemia del coronavirus, no prevista por gobierno, empresa o ciudadano alguno, siniestró la globalización y potenció los territorios locales.
Confieso que no es fácil escribir esta primera columna para nuestro periódico regional, donde necesariamente tendría que comenzar hablando de este guambito nacido en esa hermosa tierra del sur del Tolima, Chaparral.
La misión para la transformación del campo liderada por el exministro José Antonio Ocampo en el año 2015, mejor conocida como la misión rural, planteó seis estrategias básicas para saldar la deuda histórica del país con el sector rural, contribuir a la paz y hacer que el sector rural colombiano fuera más competitivo, moderno y generara bienestar. Hoy casi cinco años después de haber sido entregado el informe de dicha misión, y en el marco de la crisis sanitaria, social y económica generada por el Covid-19, considero que sus planteamientos son aún más relevantes y que el gobierno, el sector privado y la sociedad en general deben acelerar su implementación. La primera estrategia es la inclusión social de los habitantes del campo al desarrollo con un enfoque de derechos, con el fin de garantizar su acceso a la alimentación, educación, salud, protección social, vivienda, agua y saneamiento.
