El horizonte de dos siglos de relaciones con EEUU está lleno de nubarrones, de indecisiones, de dudas.

Dos hechos de la semana anterior ilustran de manera significativa las penurias de los productores del agro nacional y la óptica con que las trata el gobierno del cambio.

Todas las semanas, el presidente Petro se convierte en protagonista de un escándalo. En esta ocasión, ha indignado a la mayoría del país al comparar la toma del Palacio de Justicia con el golpe de Estado de Chile en 1973.

Según Naciones Unidas, Colombia alcanzó 230 mil hectáreas de coca en 2022. La más alta registrada en la historia. La producción potencial de clorhidrato de cocaína creció un 24% llegando a 1.738 toneladas. Y las cosas parecen mostrar que solo va empeorar. El Gobierno Petro renunció a la política de drogas, dijo que era un fracaso. En lo corrido del 2023 la erradicación cayó 79% con 36 mil hectáreas menos radicadas que en 2022.

Al consultar diversas fuentes frente a la definición del concepto de "subsidio" coinciden los expertos en que es una forma de ayuda o apoyo financiero con el objetivo de promover determinadas políticas económicas o sociales, generalmente con una temporalidad y acompañado de acciones que mitiguen la causa que lleva a su implementación.

Si los ciudadanos de una nación se mantienen en febril actividad política, resultarían dos poderes en ejercicio: el de la masa total y el de sus representantes.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, para las elecciones que se celebrarán el 29 de octubre se inscribieron 132.553 candidatos.

Todo parece indicar que tanto el gobierno como gran parte de la oposición están llevando al país hacia una especie de atascamiento de la gobernabilidad democrática y de nuestro progreso. Y hay que decirlo francamente: si el presidente Petro no corrige el rumbo, se expone seriamente a que su mandato quede registrado en la historia como el gobierno de “lo que pudo haber sido y no fue”.

Coinciden en buena medida los candidatos a corporaciones públicas que buscan su elección el 29 de octubre próximo: la identificación de la inseguridad como problema prioritario a intervenir en todos los ámbitos geográficos del país.

La Ministra Corcho siempre dejó ver su propósito de acabar el sistema de salud, bajo la promesa de crear un sistema público estatal, que para ella, sería mejor. Por eso se refirió a la necesidad de una crisis explícita, que se expresó posteriormente en muchas advertencias. Desde entonces dejaron ver que estaban tentados a desfinanciar el sistema.