La relación excremental de que hablamos en el anterior artículo, y que se podría presentar entre Colombia y Nicaragua por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, el cual determinó la pérdida de nuestro territorio en una extensión aproximada a los 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial, ya comenzó a verse por el anuncio del excanciller Francisco Aguirre, que le recomendó a Nicaragua implementar un plan B, si Colombia no cumplía con la decisión de la Corte, y comenzar un cabildeo por el mundo, para buscar el respaldo de gobiernos europeos, Japón, Canadá y los Estados Unidos. 

Pero también vemos el nacimiento de una relación incómoda entre los isleños y colombianos del continente, pues los primeros creen que el fallo adverso de la Corte de la Haya se produjo por culpa del gobierno central. Inclusive, ya se habla entre los raizales de independencia de las islas, como un Estado asociado al estilo de Puerto Rico, según la idea del pastor Raymond Howard Britton. Es decir, nos ganamos la lotería.

Consideramos entonces que la decisión más sana es no acatarlo tal como lo ha planteado el expresidente Uribe, pues dicho fallo adolece de serias irregularidades que violan nuestra soberanía y especialmente el tratado Esguerra-Bárcenas, suscrito entre las dos naciones en 1928 y ratificado por los Congresos de ambas partes en 1030.

Según la enciclopedia Wikipedia, en el citado documento se estableció: 1)Se ratifica el Tratado de 1928 celebrado entre ambos países. 2)Se da por terminada lo que el documento llama "la cuestión pendiente entre ambas Repúblicas, sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y la Mosquitia Nicaragüense". 3)Se concluye que la celebración del Tratado está en debida forma y 4)Que el Archipiélago de San Andrés y Providencia no se extiende al occidente del meridiano 82 de Greenwich. Cuando llegó Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua demandó dicho tratado, el cual consideró que era nulo sobre la base de que Nicaragua estaba en ese tiempo ocupada militarmente por los Estados Unidos y por lo tanto reclamó la soberanía de Nicaragua sobre el Archipiélago de San Andrés, a través de la demanda que presentó ante la Corte Internacional de Justicia. 

No vemos con buenos ojos la posición blandengue del gobierno del Presidente Santos, de entrar en diálogos con el gobierno nicaragüense, pues la situación no se va a solucionar con conversaciones entre gobiernos, sino mediante decisiones de Estados. Tampoco la postura de Papá Noel, de llevar dádivas y auxilios, tal como lo anunció el gobierno en su visita a San Andrés, en cuantía que superan los 200 mil millones de pesos, la mitad del presupuesto del departamento del Chocó, y que según uno de los representantes a la Cámara por San Andrés, dicha cifra no llena las expectativas, pues es ridícula. 

Los colombianos del continente debemos estar alerta, ante la inyección de estos recursos, que seguramente saldrán de otras regiones, para tener contentos a una región que como San Andrés no ha dado muestras de transparencia en el manejo de los dineros públicos, con una alta corrupción de su clase política. Ellos no pelan ningún reinado para enviar su nutrida delegación a expensas del presupuesto público.