¿Protestas o sabotaje?

Francisco Cuello Duarte

La protesta es un derecho constitucional que tiene todo colombiano. Al respecto, el artículo 56 de la Constitución Política garantiza, además, el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales.

A su vez, la misma Carta Política le garantiza también a los demás colombianos la convivencia pacífica, el derecho al trabajo y a la libertad de locomoción por todo el territorio nacional.

Así las cosas, el pueblo puede salir a las calles y plazas públicas a manifestar su inconformidad contra los actos de los gobiernos nacional, departamental o municipal, pero en forma pacífica, nunca en forma violenta y menos aún bloqueando carreteras y paralizando el tráfico. 

El Catatumbo es un caso que tiene más de política que de protesta social. Allí se están discutiendo problemas de inversión social, la erradicación de cultivos ilícitos y la creación de unas zonas de reserva campesina. 

La primera es justificable dado el abandono que los gobiernos han tenido frente a las necesidades de esta región. Los otros dos puntos, y según criterio del Gobierno, no son negociables. 

Estas dos últimas propuestas pondrían al Gobierno en líos internacionales sobre el control de las drogas ilícitas y le quitarían fuerza a los diálogos de paz de La Habana, pues ya la guerrilla habría logrado uno de sus objetivos en materia agraria.

El caso de los mineros es más complejo, si se tiene en cuenta que la minería ilegal destruye el medio ambiente sin ninguna contemplación, además de que tiene el respaldo de grupos al margen de la ley.

El paro cafetero fue una protesta política, por cuanto tradicionalmente este sector ha sido el más consentido en la economía colombiana. Cuando hay bonanza cafetera los ingresos son para los cafeteros, nunca comparten ese dinero con los otros sectores. El paro cafetero del 8 de marzo les garantizó a este sector unos ingresos significativos en detrimento de otros sectores de la economía nacional.

La protesta social ha dejado cuantiosas pérdidas al país y especialmente al colombiano de menos ingresos. Las vías de hecho no pueden ser el camino para lograr la solución a los problemas del país.

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