Hipoteca inversa: confiscación financiera

Mientras algunos países fortalecen el Estado del Bienestar con políticas sociales como el mínimo vital o renta básica, en Colombia, el Gobierno pretende implementar la “hipoteca inversa”.
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Este modelo consiste en que los adultos mayores de 65 años y que sean propietarios de inmuebles accedan a créditos bancarios, garantizando el pago de la deuda con la vivienda familiar que se hipoteca. Por lo tanto, al momento de fallecer el deudor, la titularidad del inmueble pasa al banco.

 Las soluciones a la crisis que hemos visto por parte del Gobierno tienen un común denominador: salvar a la banca. No se han suspendido créditos ni intereses, solamente se han aplazado las cuotas. El gobierno ha inyectado capital a los bancos con el propósito de que estos presten plata. Y ahora como contrapropuesta del mínimo vital o renta básica, aparece la hipoteca inversa. Mejor dicho, la creativa solución es endeudar a los colombianos sin pensar cómo vamos a hacer para pagar.

 El Ministro de Vivienda Jonathan Malagón defiende la mezquina propuesta y la proyecta como una gran “herramienta para enfrentar la pobreza oculta en la tercera edad”. Malagón señala que si el inmueble cuesta 200 millones de pesos, es posible recibir una renta mensual de aproximadamente 1 millón de pesos, y al morir, la vivienda pasa a ser del banco. Los herederos tendrían la opción de volver a comprar la vivienda, pagando el capital y los intereses del crédito. Es decir, las familias cada vez más pobres, endeudadas y sin patrimonio.

A la par que la tasa de desempleo sube lo hacen los costos de vida. Esto claramente afecta la capacidad de pago de los ciudadanos, quienes en últimas deberán responder con sus bienes y patrimonio al sector financiero – que en ningún caso puede verse afectado-. Y cuando se crea que lo peor de la pandemia ha pasado, comenzará la ejecución judicial de los créditos en mora. Veremos embargos, secuestros, lanzamientos y, en general, familias perdiendo el poco patrimonio que habrán construido con el esfuerzo de su trabajo. Y todo porque estamos inmersos en sistema financiero confiscatorio, pero no “castro-chavista” sino neoliberal.

 En vez de trabajar por un país de propietarios, donde se tenga derecho, al menos, a tener vivienda propia, Duque y sus secuaces trabajan por un país de endeudados. Muchos de los que perderán sus bienes por las deudas financieras, habrán votado por el gobierno de turno; huyéndole al mito de “volvernos como Venezuela”, terminaron eligiendo la confiscación financiera.

La crisis nos ha enrostrado sin conmiseración las grandes deficiencias que tiene nuestro Estado. Y las ha tenido desde antes del Coronavirus, no es algo nuevo. Pero sí puede ser nuevo el escenario de la reflexión ciudadana, puede que ahora entendamos el fenómeno de la pobreza como un problema estructural, y no como un caso aislado, no como la decisión libre de la gente de ser pobre.

La única forma de contrarrestar esta crisis es fortaleciendo la acción pública, los derechos sociales y económicos, y comprender que el Estado tiene unos fines que no han sido satisfechos. Lo que sí es una herramienta útil para luchar contra la pobreza es la Renta Básica Universal que defiende la oposición, $877.803 mensuales para 32 millones de colombianos es una forma para paliar la pobreza. Esto ya ha sido aprobado en otros países. ¿Por qué no pensar que es posible en el nuestro? ¿Por qué no exigirlo?

DANIEL FELIPE SOTO MEJÍA

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