Los 100 billones de las transferencias

Eduardo Durán

Se trata realmente de una cifra monumental: 100,3 billones de pesos, que es el monto total de las transferencias de la nación a los departamentos por el Sistema General de Participaciones, entre otras cosas, para apoyar los pagos de los gastos de salud y de educación.

Ahora se pretende diseñar un replanteamiento para buscar una mejor participación, no solo de acuerdo con la población de cada región, sino también a la capacidad que tengan los destinatarios para generar rentas.

Pero lo que sí valdría la pena contemplar, más allá de la equidad en la distribución, es la manera como esa inmensidad de recursos tiene que fiscalizarse, para que se puedan asegurar dos criterio básicos: La eficiencia en los gastos que las regiones decretan con cargo a esas partidas y la transparencia en la utilización de esos recursos.

Las noticias de prensa, con bastante frecuencia nos dan cuenta de escandalosos episodios que suceden en ese tipo de inversiones, en donde un grupo de avivatos resultan haciendo fiesta con esos dineros, dejando aplazadas las aspiraciones de mejores cubrimientos en esos dos aspectos básicos, en donde de paso sacrifican a los más pobres que no alcanzan a disfrutar de la efectividad de las partidas.

Cuando es posible diseñar indicadores de eficiencia en el gasto de los recursos, habrá certidumbre para exigir resultados concretos.

Por mucha independencia que reclamen las regiones para manejar sus recursos y para tomar sus propias determinaciones, en cuanto a las actividades que se deben emprender, no es posible apartar de vista la no exigencia de claros criterios en esta materia, pues mientras ello no se haga, los dineros continuarán a merced de los oportunistas, para convertirlos en una oportunidad de burocratización, de repartija de contratos y de apropiación indebida por todos los medios posibles, en lo que hace referencia a esas abundantes sumas.

La corrupción es el peor mal para cualquier país y la no existencia de normas claras para combatirla, hace que ese flagelo continúe siendo el plato del día en la mayoría de dependencias oficiales.

El país tiene derecho a saber que esa cifra de 100 billones de pesos, tiene que ser bien administrada, pues de nada sirve hacer esfuerzos tributarios, cuando al contribuyente no se le rinden cuantas claras sobre el empleo de esos recursos.

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