Las diferentes aerolíneas que operan en Colombia, se toman demasiadas largas en materia de tarifas, sobre las cuales no pueden ser indiferentes las autoridades encargadas de la regulación, y especialmente de proteger los intereses de los usuarios.
No nos explicamos por qué no se atienden las quejas frecuentes en el sentido en que cuando un usuario tiene que cambiar el itinerario ante un imprevisto insalvable, ese cambio resulta costándole dos o tres veces el valor del tiquete original.
Además comprar un pasaje en la víspera es tener que someterse a una tarifa que puede costar 10 veces la establecida originalmente.
Estas desproporciones no las puede tolerar ni la Aeronáutica Civil, ni la Superintendencia de Industria y Comercio, ni ningún organismo estatal que tenga que ver con la guarda de los intereses ciudadanos.
Es comprensible que un cambio de itinerario tenga un costo adicional, por lo que significa el trámite que hay que hacer al respecto; de pronto es dable que los pasajes de última hora cuesten también un poco mas; pero aceptar estas exageraciones que han impuesto las aerolíneas, especialmente Avianca, debe ser inconcebible para cualquier observador con un poco de sensatez.
Nadie puede entender que existiendo sillas disponibles para cualquiera de los dos casos expuestos, la compañía de vuelo tenga que imponer semejantes tarifas que rompen abrupta y abusivamente la equidad, la lógica y el elemental sentido común que deben tener las cosas.
Yo he tenido que observar cuadros dramáticos en los aeropuertos, de pasajeros que los ha dejado el avión y que ante la necesidad de llegar en un vuelo posterior, tienen que someterse hasta la labor denigrante de ponerse a pedir limosna para poder completar el costo de una tarifa adicional totalmente desproporcionada, como las que acostumbran imponer.
Nos parece que la Aeronáutica civil debe asumir de una vez por todas su papel regulador y de guarda de los derechos de los ciudadanos, para impedir de una vez por todas que esta serie de cosas absurdas, de verdaderos atropellos, continúen pasando sin que ocurra nada.
El usuario merece respeto y consideración, y no puede ser sometido de manera tan arbitraria a esta serie de abusos, que en nada contribuyen a una política de servicio público coherente, lógica y con sentido de justicia.
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