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Esta cifra es apenas una parte de lo ya evidenciado por la misma entidad, que en otra ocasión había dicho que Colombia puede perder hasta 50 billones anuales por culpa de la corrupción.
Razón tiene la opinión pública cuando se le consulta, al afirmar que el principal problema que tenemos los colombianos es el de la corrupción, pues vivimos de escándalo en escándalo, mientras los dineros públicos se desaparecen, al igual que los protagonistas de los desfalcos, a quienes no les pasa nada, pues en caso de llegar a ser involucrados en una investigación, terminan inmersos en larguísimos procesos, hasta que las pruebas se esfuman y las responsabilidades desaparecen.
Si cada dependencia pública tiene un jefe responsable, no es posible que esa persona no responda con indicadores de gestión y eficiencia, sobre el trabajo que tiene asignado a su cargo y terminen los dineros puestos bajo su custodia en manos de toda clase de oportunistas que ya se han convertido en unos profesionales de hacer fiesta con los dineros de los ciudadanos.
“Lo público es sagrado”, decía con mucho énfasis el señor Mockus, pero sus palabras no han pasado de ser un principio filosófico, pues de su alcance parece nadie enterarse, y lo que es peor, a nadie importarle.
Ahí está plasmada la angustia de muchos ciudadanos que asisten perplejos ante las demandas de recursos del gobierno para emprender obras, pues es de suponerse que buena parte de esos procesos que se inicien en este sentido, no es más que una oportunidad para que los corruptos actúen con sus potentes espuelas y se apropien de la mayoría de los recursos asignados.
Esta medida de la Contraloría, constituye un buen inicio por proyectar un intento que permita contener esa horrible ola corruptora que nos ataca y destruye, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, es que se requiere una reforma urgentísima del sistema de control, que involucre también a las contralorías departamentales y municipales, pues mientras eso no suceda, muchas válvulas continuarán abiertas, mientras los corruptos siguen contando con cómodos espacios para actuar y enriquecerse de manera fácil y fraudulenta.
Sin duda, un programa de alertas tempranas permitiría, que a tiempo, o por lo menos sin causar mucho daño, se pudieran identificar a todos aquellos traficantes de la cosa pública.
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