Últimamente los teóricos parecen nuevamente destacar la importancia del empresario como hacedor de la riqueza y del progreso. Esta línea de pensamiento la lidera el profesor de la universidad de Harvard, Michael Porter, autor de obras afamadas de los últimos años en asuntos económicos, administrativos y de comercio exterior. Proyectos que identifican como las naciones pueden ampliar y mejorar su competitividad a lo largo de una extensa gama de sectores, los cuales, a su vez, llevarán a un aumento del PIB percápita y del bienestar general de la sociedad.

Al conferirle el autor norteamericano un mayor protagonismo al empresario, rompe con las viejas concepciones económicas acerca de los factores que determinan la riqueza de una nación: por ejemplo, los clásicos y el mismo Marx destacaban la disponibilidad de los factores de producción convencionales, tierra, trabajo y capital como fuentes de crecimiento. Keynes daba por sentada la existencia de tales factores y le otorgaba papel de primerísimo orden a la acción estatal.

Autores norteamericanos como el premio Nobel de economía Robert Solow ponderan la educación y la tecnología, en tanto que Schumpeter, afamado pensador de comienzos del siglo XX le concedió especial importancia al empresario privado, considerándolo como el verdadero motor del progreso económico. Porter no descarta del todo el conjunto de estas concepciones, pero definitivamente le otorga peso específico a la innovación tecnológica, en el sentido más amplio del término, colocando así al empresario y al sector privado en un sitial de honor.

El Gobierno según esta visión, seguirá ejerciendo un papel importante, pero ajustado a otras dimensiones: la iniciativa que les corresponde a las empresas. Son ellas y no las naciones, las que compiten. El papel del Gobierno es establecer políticas que puedan crear la base de recursos humanos, científicos y tecnológicos y la infraestructura que posibiliten dicho perfeccionamiento.

Estas consideraciones adquieren especial relevancia a raíz del episodio político de un modelo social que no concertó para nada las decisiones pertinentes para mejorar la calidad de vida del pueblo. Me refiero al patético caso de la administración del alcalde Gustavo Petro en Bogotá. Quizá los mismos objetivos sociales ‘redistribucionistas’ hubieran logrado avanzar más con un sector empresarial debidamente valorado y no estigmatizado como se hizo, generalizando su comportamiento y papel social con el de ciertos cuestionables exponentes del sector.

Los estados latinoamericanos exitosos en su manejo económico, como es el caso de Chile o Brasil, no han tenido problema con el cambio de modelos ideológicos en el poder. Pero ello se debe a que, unos y otros, han respetado e impulsado sin distingos el desarrollo empresarial.