El hecho de que una persona cometa un delito no da derecho al Estado ni a ignorarla ni a aplastarla. En el sistema carcelario de Colombia, así suene a frase de cajón, se está muy lejos de lograr la rehabilitación de los delincuentes, entre otras cosas porque los presos están en la lista de los más abandonados del país. Cifras del Inpec -actualizadas al 30 de abril- dan cuenta de que todas las cárceles colombianas tienen capacidad para 78 mil 690 internos, pero en realidad albergan a 117 mil 119 (hacinamiento del 48,8%).
El Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué o Coiba de Picaleña no es la excepción. Este, si bien tiene capacidad para cuatro mil 600 personas, tiene a cuatro mil 996. Como es de público conocimiento, la situación de los reclusos de Picaleña es dramática. Cualquier video que se busque en las redes sociales muestra a los presos viviendo de forma inhumana. El Coiba está en nuestra ciudad y por eso nos preocupa y nos duele su suerte y, sobre todo, la de sus confinados
Además del hacinamiento, la financiación de los sindicados representa para el Inpec una situación insostenible en el tiempo. En Ibagué, esta semana había 104 mujeres y 703 hombres sindicados. Si partimos de que el mantenimiento de un interno cuesta cerca de un millón de pesos al mes, pues solo Picaleña genera esfuerzo al Instituto por $800 millones mensuales. Pero si por el Coiba llueve, por la Permanente no escampa. Allí, hay más de 140 personas en unas ‘salas temporales de privación de la libertad’ construidas para albergar a menos de 20.
Adicionalmente, estas salas, como su nombre lo indica, son ‘temporales’, diseñadas para que un ser humano permanezca allí hasta 36 horas. ¡Ojo! 36 horas o un día y medio, no semanas y mucho menos meses.
Infortunadamente, a estas alturas el Permanente ya se está convirtiendo en un ‘patio alterno’ de Picaleña, con algunas preocupaciones sobre el particular, como el derecho a disfrutar de un periodo al aire libre, la salubridad, la regulación de las visitas y, en general, la observancia de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y procedimientos establecidos en la Convención de Ginebra.
Los problemas de Picaleña y el Permanente ponen sobre la mesa una enorme amenaza urbana: ¿qué pasará cuando no den abasto? ¿Acaso se generalizarán las detenciones domiciliarias? o mas grave aún, ¿será que simplemente despacharán a los delincuentes para que sigan haciendo de las suyas en las calles?
Saque de Banda: es urgente que haya un acuerdo entre la Alcaldía y el Inpec para solucionar de entrada la situación de los sindicados. Atrás tienen que quedar las posiciones encontradas sobre quién es el verdadero dueño del lote de la cárcel porque -y esto es lo más importante- ¡sus habitantes son seres humanos!
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