Los hechos y las mismas Farc se han encargado de mostrar a todos lo mal que está la implementación de los acuerdos de paz.
Recapitulando: la Justicia Especial para la Paz no estuvo lista a tiempo y como consecuencia 10 exguerrilleros llegarán al Congreso de la República sin haber sido juzgados. Adicionalmente, hace tan solo unas semanas Jesús Santrich fue capturado por las autoridades por su presunta participación en actividades de narcotráfico después de la firma del acuerdo. A raíz de esto, Iván Márquez se refugió en una zona veredal de Caquetá, porque según él, lo sucedido con su compañero demuestra la falta de garantías del Gobierno. Desde allí anunció que no se posesionará el 20 de julio y -a modo de chantaje- afirmó que alias ‘El Paisa’, excomandante de la peligrosa y sanguinaria columna Teófilo Forero, había tomado la decisión de retirarse de la zona de reincorporación hasta que no se libere a Santrich.
Lo anterior permite que se generen varias sospechas, la primera y más obvia: que miembros de las Farc han estado involucrados con el narcotráfico después de la firma del acuerdo y están acudiendo nuevamente a ‘todas las formas de lucha’, ya no para llegar al poder, sino para evitar ser capturados por las autoridades.
También son conocidos los cuestionamientos que surgieron cuando se eligieron los magistrados que integrarían la JEP, pues por sus inclinaciones políticas, parecería que esta jurisdicción fue diseñada al gusto de las Farc. A esto se suma que el pasado miércoles salieron a la luz las escandalosas declaraciones de Néstor Raúl Correa, quien fungía como secretario Ejecutivo de la JEP y contó los motivos por los que salió de dicha institución. Correa sostuvo que después de la posesión de los 38 magistrados, un grupo de nueve se reunió con el fin de incidir y hacer lobby para cambiar el esquema de funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva con la intensión de quitarle funciones, y así poder tomar por su cuenta decisiones burocráticas. Es bastante peligroso que la JEP, además de tener una imparcialidad cuestionable, esté siendo capturada por el clientelismo. Estas situaciones terminan poniendo en riesgo los derechos de las víctimas y además el interés que tienen todos los ciudadanos en que haya justicia.
¿Qué se buscaba realmente con los acuerdos? Una jurisdicción especial para la paz, o simplemente una Justicia Inmoral para la Impunidad (JIPI), en la cual no hubiera mucha diferencia entre el actuar de juzgadores y juzgados.
Los cabecillas de las Farc y los miembros de la JEP involucrados en la comisión de delitos deben responder. Los derechos de las víctimas no se pueden sacrificar, como tampoco se debe permitir la impunidad. El cumplimiento del acuerdo no puede llevarnos a renunciar a valores tan importantes en una sociedad, como lo son la verdad y la justicia.
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