Los carteles se tomaron la contratación pública en Colombia. Para nadie es un secreto que acá vamos de carrusel en carrusel y al mejor estilo futbolero, donde periodistas e interesados recitan de memoria los nombres de los jugadores de los equipos. En la contratación estatal la opinión pública también conoce de memoria los nombres de los contratistas que se ganan las licitaciones una y otra vez.
Pero, ¿será acaso que no hay más interesadas en los millonarios contratos que adjudica el Estado? O más bien lo que está ocurriendo es que terminan siendo peleas de ‘tigre con burro amarrado’, donde es imposible que esos contratos se los ganen contratistas distintos.
Esta semana presenté un proyecto de ley con el apoyo de varios miembros de la bancada del Centro Democrático para precisamente partir en dos la historia del derecho a la competencia en Colombia. Se trata de una iniciativa que busca inhabilitar por veinte años a los contratistas que sean sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas que afecten la libre competencia en el marco de la contratación pública.
Para explicarlo en ‘cristiano’, una vez el Congreso de la República apruebe esta ley, todo proponente que se ponga de acuerdo con otro u otros proponentes para bajar o subir los precios en una licitación, y que como consecuencia de ello sea sancionado por la Superintendencia, ya no solo tendrá que pagar la multa económica que se le ha venido imponiendo, sino que adicionalmente no podrá volver a contratar con el Estado por los próximos veinte años.
El modus operandi es sencillo: el Estado abre una licitación en donde se supone debe ganar el mejor oferente, ¡pero no!, previamente estos dizque empresarios se han puesto de acuerdo, cartelizándose para repartirse los contratos. De este modo los supuestos “contrincantes” que “luchan” por el contrato se convierten en aliados y hacen pésimas ofertas para inevitablemente conducir a darle la victoria a uno de los miembros del cartel, es más, se ha convertido en un carrusel de la contratación porque se rotan los contratos de licitación en licitación.
Pero una vez se convierta en ley nuestra propuesta, estos seudoempresarios la pensarán dos veces para volver a ‘cartelizarse’, porque se les acabará el cuentico de pagar una multa y seguir contratando, ya que no directamente, ni a través de otras empresas podrán volver a contratar durante veinte años.
Este es un momento crucial para el país. Necesitamos normas efectivas que acaben con la corrupción. Espero que el debate arranque cuanto antes en el Congreso para defender esta iniciativa y darle un golpe contundente a las estructuras criminales que se están quedando con la plata de los colombianos.
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