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Ahora que se ha vuelto a proponer una reforma a la justicia en Colombia se abre la posibilidad de corregir con el debido rigor y a la luz del derecho tantas distorsiones que se han acumulado en esa rama del poder público, las cuales también hacen parte del escabroso entramado de la corrupción predominante en el país. Es generalizado el reconocimiento de la degradación que afecta a la administración de justicia. Una muestra reveladora es el escándalo del llamado “Cartel de la toga”, con protagonistas de tan alta investidura. Pero, además, están los casos que involucran a un expresidente de la Corte Constitucional y a un exvicefiscal con funciones contra la corrupción. Muchos otros hechos dan cuenta de la comisión de actos punibles en cabeza de quienes tenían la responsabilidad de proceder conforme a las disposiciones de ley y los principios de la ética pública.
Hay pruebas sobre la forma descarada o encubierta como algunos trafican en los despachos judiciales para acomodar a sus intereses las decisiones respecto a los asuntos en trámite. Hay denuncias e investigaciones con diferentes resultados. Es la revelación de los desvíos o el desgreño en asuntos tan fundamentales para toda sociedad.
Cuando se deteriora la justicia hay impunidad y esta tiene efectos nocivos. Sobreviene la confusión y el ordenamiento institucional se descompone. Entonces queda la vía libre para los delincuentes y el crimen se fortalece y genera secuelas desastrosas de todo orden.
Los desajustes de la justicia vienen de tiempo atrás. En muchas ocasiones se ha planteado el problema. Se ha admitido que una de las necesidades prioritarias es que su administración opere en igualdad de condiciones para todos, sin que nadie se sienta excluido. Y, además, que las decisiones respondan a un proceso con plena credibilidad, avalado por la transparencia.
Y hay que poner la justicia en tiempo real, a fin de que sea pronta y cumplida. La dilación de los procesos provoca traumatismos y perjuicios muchas veces graves. Ante el negativo diagnóstico que se hace de la justicia la reforma que se impulse tiene que tomar en cuenta esa realidad. Y como de lo que se trata es de mejorarla y no de acomodarla con criterios discriminatorios o a la conveniencia de privilegios abusivos, se deben establecer condiciones que promuevan una dinámica de fluidez funcional y de eficacia en la aplicación de los fallos pertinentes. Igualmente, hay que disponer la aplicación de la meritocracia para quienes sean nombrados en los cargos de la rama judicial en cualquiera de sus instancias. Allí deben estar no solamente los más idóneos sino los más ecuánimes, los de mayor solvencia ética. Una justicia correcta, como tiene que ser, es la que esté al alcance de todos y se gane la credibilidad general, tanto de doctos como de los ciudadanos comunes y corrientes. Es la justicia como institución del Estado en función del bienestar colectivo.
Puntada
El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia, define la justicia con estas acepciones, entre otras: Una de las cuatro virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. 2-Derecho, razón o equidad. 3-Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene. 4-Aquello que debe hacerse según derecho o razón. 5.Pena o castigo público. 6-Poder judicial.
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