La estafa de Interbolsa

Cicerón Flórez Moya

Una prueba irrefutable de que la impunidad ampara la corrupción en Colombia es el errático manejo judicial aplicado a los implicados en la abrumadora estafa de Interbolsa. Amarrada a la paquidermia procesal mediante recursos mañosos, la investigación se fue enredando y los resultados finales apuntan a que los afectados por las punibles operaciones financieras no recuperarán sus recursos y serán víctimas sin reparación.

Es cierto que algunos de los implicados en esa millonaria defraudación fueron puestos tras las rejas, pero finalmente lo predominante ha sido el vencimiento de términos con la consecuencia de la absolución en beneficio de quienes incurrieron en delitos suficientemente probados por los investigadores judiciales.

Los abogados defensores de los encartados en el caso de Interbolsa lograron dilatar los tiempos procesales y esto surtió los efectos calculados. Se ha configurado así la impunidad cuando la justicia debió ser rigurosa y sancionar los delitos en que incurrieron unos empinados traficantes de cuello blanco. Ese privilegio refleja el poder de la corrupción, en contra de la cacareada institucionalidad, que no aplica cuando se trata de no generarle problemas a descarriados protagonistas de la vida nacional aunque lo consumado sea motivo de vergüenza.

Desde luego que el capítulo de Interbolsa no es único en ese tejido de abusos del poder. Es una pieza más en el entramado de estafas en Colombia. Es el descarrilamiento de un orden consagrado en la Constitución, pero cuyo cumplimiento se ha convertido en quimera porque la presión de los intereses particulares hace que lo corriente sea la opción del desvío a costa de la legalidad y sin que importen las secuelas negativas derivadas de los manejos inescrupulosos de los asuntos de interés público. Es una degradación estimulada por la avaricia.

Los mismos patrocinadores de esa conducta a todas luces delictiva son los críticos del acuerdo de paz con las Farc que puso fin al conflicto armado de medio siglo. Mientras dicen que se hicieron concesiones para librar de castigo a combatientes comprometidos en delitos “de lesa humanidad”, se ponen del lado de delincuentes a los cuales se les dejó libres de culpa. Es una contradicción que hace evidente cierta tendencia clasista en la aplicación de la justicia.

El manejo del proceso de la estafa de Interbolsa ensombrece la justicia. Es un desplome de marca mayor, como se ha dado en otros casos, donde lo predominante ha sido la lenidad para librar de sanciones a los implicados.

Es un mal ejemplo porque configura una laxitud desmedida en la administración de justicia. Es algo que debilita el llamado Estado social de derecho consagrado en la Constitución de Colombia como norma vertebral de la llamada institucionalidad.

Los encargados de la administración de justicia están llamados a repasar lo que ha ocurrido en el caso de Interbolsa para hacer los correctivos a que todavía haya lugar a fin de evitar tanta erosión en algo tan fundamental de la nación.

Puntada

El Congreso no puede convertirse en un verdugo del pueblo colombiano con la aprobación de una reforma tributaria que llevará a la asfixia social.

ciceronflorezm@gmail.com

Comentarios