En Colombia hay mucho por hacer. Y casi todo es prioritario. Por eso quienes toman decisiones en el Gobierno o el sector privado no pueden distraerse en gestiones secundarias, superficiales o banales. Y cuando se trata de los problemas que más agobian no sirve la fórmula repentista o los llamados paños de agua tibia. Como no caben desvíos intencionales o las equivocaciones a que puede llevar la ignorancia.
Muchas veces el interés particular se impone contra el interés general, con lo cual se provocan distorsiones o se agrava lo que se busca remediar.
Por eso, los asuntos de interés público deben ser tratados con el rigor del conocimiento y la voluntad de acertar en lo que se haga. Pero se requiere crear las condiciones especiales para ello. La participación ciudadana y la veeduría que garantice transparencia no pueden desestimarse.
Si se tomara en cuenta la conveniencia del bien común en los asuntos públicos seguramente la lucha contra la corrupción tendría un mayor rendimiento. Entonces la justicia se aplicaría como función correctiva y las conductas delictivas no tendrían el beneficio de la impunidad.
De otra parte, cuando la democracia no cuenta en la toma de decisiones los resultados se vuelven deleznables. Y esto acontece en el tratamiento de problemas para los cuales se requieren soluciones integrales. Se ha visto respecto a la implementación del acuerdo de paz con las Farc, no obstante, ser reconocido como un hecho histórico por haberle quitado a Colombia una de las cargas más pesadas de una guerra de medio siglo. Pero la paz no es solamente un acta de intenciones. Para asegurar la erradicación de los factores generadores del conflicto, la reparación a las víctimas y la no repetición de atrocidades criminales por parte de los distintos actores armados, se necesita poner a la nación en otro rumbo, alejándola de las prácticas políticas que inducen a la degradación. También hay que corregir tantos descosidos en la tenencia de la tierra y sacar de la pobreza a los colombianos sometidos a una explotación laboral aberrante y a la marginación. Los privilegios abusivos son una fuente de violencia que no se debe minimizar y la solución debe ser efectiva. Es lo que hará viable una sociedad libre de las estrecheces de la discriminación clasista y con la holgura de los derechos que son barrera contra la opresión y sus secuelas.
Un problema que no da más espera es de la corrupción, cuyo desbordamiento no se pude ocultar. A este respecto los dirigentes colombianos, todos, no pueden seguir en la recurrente contradicción de borrar con el codo lo que escriben con la mano. O sea, prendiéndole una vela a Dios y otra al Diablo. Las peticiones de la Consulta Anticorrupción no pueden convertirse en letra muerta y a los congresistas les cabe la responsabilidad de legislar conforme al querer popular expresado en las urnas. De otra parte, la administración de justicia en Colombia tiene que superar la crisis que le han dejado sus malos servidores y recobrar las fortalezas que debe tener.
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