Sin ánimo derrotista se debe reconocer que en Colombia hay más dudas que certezas respecto a 2019. Este año tiene señales erráticas, como las de la lucha contra la corrupción, a pesar del consenso de los partidos políticos en la Casa de Nariño, tomando en cuenta el respaldo ciudadano a la consulta, con el apoyo de casi 12 millones de electores.
Hubo acuerdo sobre lo esencial, pero fue frágil. Hay otros episodios, donde se pone en evidencia la falta de contundencia de quienes tienen el manejo del poder para corregir los desajustes que afectan a la Nación. Los remiendos que se le hacen al acuerdo de paz con las Farc es un traspiés que puede llevar a descosidos inconvenientes con efectos perturbadores. Se están tomando en el alto Gobierno decisiones de señales equívocas. Se pone en riesgo la democracia y se le abren espacios a corrientes proclives a convertir en delito de opinión toda posición contraria a su credo o su dogma.
A ese conjunto de debilidades se le agregan situaciones con las cuales se debilitan opciones de renovación para la superación de resquebrajamientos con peso negativo sobre iniciativas que debieran tener prioridad en la gestión oficial tendiente a fortalecer instituciones claves para el Estado Social de Derecho.
Los problemas que asedian a Colombia exigen el fortalecimiento de la democracia y por consiguiente desmontar todos los factores que la hacen vulnerable.
Esto impone limpiar la política de trampas y asumirla como un ejercicio de ideas en función del bien común.
No puede ser la política de la exclusión, ni de la represión, ni del fraude o de la violencia contra quienes se distancian de las ‘verdades’ del establecimiento. La legalidad también debe ser garantía de la libre expresión y de los derechos consagrados para proteger la vida y el desarrollo cultural y la apertura hacia una sociedad sin discriminaciones de clase.
Las señales negativas de hoy tienen que erradicarse.
Se necesitan activos de seguridad, de convivencia, de igualdad de posibilidades. Pero no son metas de generación espontánea. Se requiere de la participación de los ciudadanos, llamados a expresarse en sus aspiraciones y convicciones. Es la militancia popular, opuesta a la compraventa del voto y a los miedos que promueven confusiones en favor de quienes distorsionan para alzarse con el botín electoral.
A partir de 2019 hay que hacer posible una nueva hoja de ruta para Colombia, a fin de generalizar la desmovilización de todos los grupos alzados en armas. Y, además, infundir una dinámica que convierta la gestión de Gobierno en un surtidor de bienestar.
Poder sustraer el país de las violencias ejercidas desde la ilegalidad y a través de agentes oficiales, es un paso fundamental. A partir de allí hay que ganar los otros espacios y consolidar una patria para todos, sin engaños y sin frustraciones, como tiene que ser.
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