En Colombia el Congreso de la República, cuyos miembros son de elección popular, es una institución representativa de la democracia. Por consiguiente, sus actos debieran reflejar esa condición. Esto impone la responsabilidad de obrar en función del interés general y no caer en el desvío de acomodar las decisiones a la conveniencia particular. Sin embargo, el Congreso incurre, repetidamente, en desatinos que contrarían su naturaleza. Se aprueban leyes que muchas veces están direccionadas a amparar algún privilegio.
La introducción de ‘micos’ en algunos proyectos se hace con la finalidad de ayudar a alguien o de crearles beneficios a los propios legisladores. Y se ha llegado a tales desproporciones que lo dispuesto puede generar utilidades cuantiosas, en detrimento del bien común.
Los ‘micos’ se volvieron recurrentes en las legislaturas del Congreso. Es una trampa hecha con la intención de apoderarse de algo con ropaje de legalidad, aunque se contraríen los principios de equidad. Con esas prácticas viciadas el Congreso se desdibuja y genera un efecto nocivo en la política. Se altera la noción de la democracia, además que se mina la confianza popular en una de las entidades llamadas a preservar su buen nombre para darle suficiente legitimidad a sus decisiones.
Por esos actos negativos el Congreso de Colombia figura entre las instituciones con mala imagen. Está asociado a las turbideces oficiales, sobre el cual ejercen presión grupos de marcada ilegalidad. Y pareciera ser también que hay legisladores enredados en conductas ilícitas, las cuales les permiten abusar del poder y alzarse con recursos que podrían aplicarse a soluciones inaplazables.
La comprensión cabal de tal urgencia le permitiría a las Cámaras recobrar autoridad y actuar en sintonía con las necesidades sentidas de la nación, tomando en cuenta la prontitud y el acierto que imponen la realidad. Porque, además, no debiera insistirse en más aplazamientos.
Los ‘micos’ introducidos en los proyectos de ley hacen parte del tejido de corrupción que patrocinan algunos dirigentes, para quienes la política es un negocio sin importar los daños que se causen. En la legislatura en curso se han promovido decisiones vergonzosas, como el hundimiento de disposiciones encaminadas a cerrarle espacios a la corrupción, con sanciones efectivas a los responsables de los negocios turbios. Se han patrocinado otros actos semejantes en detrimento del manejo correcto del poder. La finalidad es apoderarse de los recursos que llegan a las arcas oficiales mediante la contribución de colombianos honrados.
La siembra de ‘micos’ en las leyes es un asalto calculado de delincuentes que se esconden en el ropaje de una engañosa honorabilidad. Están hechos para el abuso, para la picardía, así se expongan a muchos riesgos. Casi siempre salen bien librados de sus travesuras, protegidos por la impunidad.
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