Quiero elevar mi voz de protesta por la falta de seriedad con que altos funcionarios del Estado y Organismos de Control están abordando el trabajo de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas. En días pasados fue citada esta comisión, para iniciar el debate sobre la delicada situación de seguridad que enfrentan los defensores de derechos humanos, los líderes de víctimas y los representantes de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas, sin que hubiéramos contado con su asistencia ni sus pronunciamientos.
Los problemas de seguridad que han venido incrementándose fuertemente en los últimos días, en medio de la negociación del proceso de paz y de la discusión del punto cinco de la mesa de negociación sobre derechos humanos y reparación de víctimas, constituyen una alarma para la sostenibilidad de los procesos de participación que han sido definidos por la misma Unidad de Víctimas del Gobierno nacional, como el vehículo por medio del cual las víctimas que ascienden a más de siete millones en Colombia, pueden lograr la materialización de sus derechos, superar su condición de víctimas y finalmente alcanzar el estatus de ciudadanía política, social, económica y cultural, que como sociedad les debemos.
Por todo esto, es el momento de hacer un llamado de atención, particularmente al Fiscal General de la Nación para que muestre los avances en la investigación de estas conductas y para conocer en detalle cómo se están abordando zonas críticas y con lógicas de violencia regionales contra las víctimas, como son eje cafetero y norte del Valle, Córdoba, Montes de María, Costa Pacífica y Meta. Al Ministerio del Interior, para que realice acciones concretas que permitan la articulación de alcaldes y gobernadores en garantizar la seguridad de las víctimas y los defensores de derechos humanos y generar una política de prevención y protección en cada territorio. Y finalmente al Ministerio de Defensa, para conocer cuál es el papel de la Fuerza Pública en las zonas rurales y cuál es el balance de seguridad que existe al día de hoy en los departamentos con mayor expulsión violenta de personas. Es inaudito que el Gobierno nacional, autor de la ley de víctimas, ahora no le dé la importancia que merece su aplicación.
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