Cumplirle a las víctimas

La atención a las víctimas en Colombia no es una meta para 2015. Este es un desafío entre Gobierno y Víctimas que va hasta 2018, pues en realidad, durante los próximos tres años, el Gobierno nacional tiene grandes retos para la implementación de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en beneficio de las víctimas y en la búsqueda del goce efectivo de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Esto en palabras castizas, no es otra cosa que reconocer la dignidad de todas y cada una de las víctimas que el conflicto armado ha producido en Colombia, pues aunque desde la sanción de la ley de víctimas han sido muchos los esfuerzos de cumplimiento, a la fecha estos no son suficientes. Recordemos que el reciente informe de las Naciones Unidas afirma que desde que se iniciaron formalmente los diálogos con las Farc en La Habana, en noviembre de 2012, en Colombia se han registrado -a junio de 2014- más de 310 mil nuevas víctimas, situación que nos hace ver cómo el conflicto armado interno, el narcotráfico y el desplazamiento siguen presentes en el país.

Este argumento, junto con el más reciente informe de las Comisiones Primeras del Congreso de la República, que indica que no se cumplieron las metas esperadas para 2014, nos muestra la urgencia de fortalecer los mecanismos de articulación nación-territorio para garantizar los derechos de las víctimas en Colombia. Es fundamental incentivar y vincular a los funcionarios públicos de gobernaciones, alcaldías y entidades del Estado para que se cumpla la Ley 1448.

Es inexplicable que a la fecha, por negligencia o ineptitud, se siga ocultando la verdad, negando justicia, demorando la reparación y olvidando la garantía de no repetición a favor de todos los dolientes del país.

Este escenario, más que desalentarnos, debe llevarnos a asumir con fuerza el papel de la Comisión Legal de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República y a utilizar esta herramienta para llevar a cabo nutridos debates de control político en los que el Gobierno responda sobre sus acciones en los ámbitos nacional y territorial, para acompañar en el marco transicional a todas las víctimas de este país. Es urgente tomarnos en serio este compromiso: no podemos dejarlas a su propia suerte y menos a disposición de sus victimarios.

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