Víctimas del Plan Nacional de Desarrollo

El reconocimiento de la existencia de un conflicto armado en Colombia en la Ley 1448 de 2011, marcó un hito importante en el proceso de construcción de paz. Esto, no solo porque permitió humanizar la guerra a través de la introducción de principios mínimos de conducción de las hostilidades, sino también principalmente porque se enfocó en la reparación integral de las víctimas, como eje central de este proceso. Por esta razón, es fundamental para el Congreso de la República velar durante el trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo (PND), porque las necesidades de las víctimas cuenten con un respaldo presupuestal e institucional suficientes para su materialización, a lo largo de todo el territorio nacional.

En la Comisión de Seguimiento a la Ley de Victimas que se llevó a cabo en días pasados, el Gobierno nacional presentó un censo depurado y consolidado en donde se advierte que aunque las víctimas registradas son en total 7’201.034, de las cuales 6’996.539 son víctimas del conflicto armado; el universo de sujeto de atención por parte del Estado asciende a 5’548.431.

Frente a este número, las metas de los próximos cuatro años en el PND parecen poco ambiciosas al consagrar que a 2018, tan solo 500 mil víctimas habrán superado su estado de vulnerabilidad y 920 mil avanzarán en la reparación integral. Esto, sin mencionar que los números sobre los que se construyó el plan, dejaron ver inconsistencias en comparación con otras cifras oficiales y problemas de financiación para su ejecución durante los próximos cuatro años.

Es necesario que la reparación integral cuente con rubros específicos y presupuesto suficiente para garantizar temas urgentes como, por ejemplo, el desminado, la restitución de tierras y la asistencia humanitaria de emergencia. Por eso, aunque entendemos las limitaciones del marco fiscal del país, no creemos que se pueda diseñar la ruta hacia 2018, desconociendo que las víctimas son su actor principal. Solo con metas más robustas, recursos disponibles y el compromiso de todas las entidades del Gobierno nacional y no de unas pocas, que a nivel de apostolado, llevan a cuestas el compromiso con las víctimas, lograremos la construcción de una paz sostenible.

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