El Plan Nacional de Desarrollo, es un documento de trabajo, en donde se trazan los grandes objetivos de las políticas públicas en Colombia y se establecen acciones específicas para alcanzarlos. En materia de drogas, los colombianos esperamos un plan realista, viable y claro que refleje la situación del país y que priorice la prevención y el problema de las drogas, desde nuevos enfoques.
Como un avance en la búsqueda de enfoques alternativos, logramos la promulgación de la Ley 1566 que reconoce que el consumo, abuso y adicción, son un asunto de salud pública; sin embargo, pese a que han transcurrido dos años y medio desde su sanción, a la fecha, aún no ha sido posible lograr su reglamentación, ni plena implementación en el país.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en Colombia cerca de un millón de personas serían consumidores activos de drogas ilícitas y aproximadamente 500 mil tendrían un problema instaurado de abuso o dependencia. Asimismo, ha sido ampliamente diagnosticado que el mayor consumo de sustancias ilícitas en el último año, se presenta en el grupo de 18 a 24 años, con una tasa del 8.7%, seguido por los adolescentes con una tasa del 4.8% y las personas de 25 a 34 años (4.3%). Pese a este balance y a que en el papel, se ha fijado como uno de sus objetivos de los próximos cuatro años, el enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva integral y equilibrada, no encontramos estrategias definidas, planes de acción o mecanismos de seguimiento coherentes para el logro de esa meta. Por el contrario, retando su propia coherencia, el Plan Nacional de Desarrollo plantea más de 200 artículos, entre los que se mantienen, programas de reducción de cultivos ilícitos o de disminución de hectáreas cultivadas de coca, como única opción de política pública.
Es urgente una perspectiva coherente entre los discursos del Gobierno nacional sobre nuevos enfoques de salud pública en drogas, y los ejercicios de planificación de gobierno. Un buen comienzo, puede ser la promulgación del decreto reglamentario de la Ley 1566 de 2012, en donde se vinculen a las entidades de la administración central en el desarrollo de políticas públicas en materia de drogas y se desarrollen estrategias territoriales y planes de acción, para garantizar acceso a la atención integral y continua, de las personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas.
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