Colombia tradicionalmente ha sido gobernada de espalda a sus ciudadanos. La mejor manera que tiene el Estado para acercarse a ellos es digitalizándose. El escenario mundial al que nos enfrentamos este año, está caracterizado por avances tecnológicos, cambios demográficos y por lo que se denomina la inserción en las cadenas globales de valor. Esto genera un enorme reto para los Estados y la necesidad de dirigir el país con una propuesta innovadora, garantista, más competitiva, que sea capaz de crecer al ritmo de las necesidades y las expectativas de sus ciudadanos.
Por eso, como lo ha dicho la Ocde, es necesario potenciar el uso de tecnología y de los datos para convertir a los colombianos en verdaderos protagonistas del qué hacer del Estado y fortalecer los lazos de confianza con las instituciones públicas. En esta línea, la nueva economía es una economía digital. De ahí que la meta de cualquier proyecto de gobierno, debe ser el permitir que todos los sectores económicos del país asuman el reto de ser digital y poder contar con un gobierno que les ofrezca productos para que sus trámites y diligencias sean servicios en línea.
Según el Sistema Único de Información de Trámites (Suit) de la Función Pública, Colombia tiene actualmente más de 47 mil trámites vigentes, de los cuales solo el 2% son electrónicos. La meta debe ser que no haya trámites de papel, que todo sea digital.
Por tanto, una propuesta de uso estratégico de datos y de herramientas tecnológicas, debe no solamente reducir trámites digitalizándolos, sino también crear capacidades en los funcionarios públicos para garantizar la reducción de la distancia entre el Estado y el ciudadano.
Así, nuestros funcionarios y entidades públicas no solamente estarán capacitadas para digitalizar la función estatal sino contarán con las herramientas tecnológicas que hagan posible superar la cultura análoga, generar un cambio de mentalidad, lograr la transformación digital y de apropiación tecnológica que necesitamos. No hay duda de que el camino que debe recorrer nuestro país en el 2018 es el de una política de digitalización, que promueva la libre competencia para igualar oportunidades y que, por ese camino, incentive la creación de empresas innovadoras.
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