Los archivos son la memoria de lo realizado por las instituciones oficiales. Están integrados por documentos públicos que son de libre acceso y que las instituciones tienen la obligación de conservar y mantener en buen estado. Desafortunadamente son muchas las instituciones que incumpliendo lo ordenado por la ley los tienen como sobrantes de cuarto de San Alejo. Ejemplos los vemos en Ibagué, para no rezar viendo lo que ocurre en los municipios.
El primer estudio sobre la violencia en el Tolima lo realizó la Secretaría de Agricultura del Departamento y lo publicó la Imprenta Departamental en 1958. No existe un ejemplar en toda la Gobernación. Unos, le echan la culpa a algunos historiadores que visitaban el archivo para robarse documentos, entre ellos el original de la Constitución Política del Estado Soberano del Tolima (1.863).
Unos documentos firmados por Simón Bolívar se evaporaron de los archivos del Palacio de Justicia. Parte del archivo del DAS cayó en manos de un egresado como periodista e historiador de la Universidad de la Décima (Panóptico). Imposible encontrar documentos sobre las obras de arte robadas del Instituto Tolimense de Cultura. Sobran ejemplos.
Gran parte de la historia de la violencia se encuentra en los archivos, especialmente oficiales, que han recuperado su valor frente a la verdad tan necesaria para la conciliación y el proceso de paz como lo ha demostrado el Centro Nacional de Memoria Histórica, institución dirigida por el historiador tolimense Gonzalo Sánchez con un excelente grupo de profesionales, con su trabajo reconocido por países e instituciones con experiencia en procesos de paz. Las investigaciones del Cnmh, iniciadas con anterioridad al acuerdo firmado en La Habana, han demostrado la importancia de la verdad en el proceso de reconciliación, verdad que no es del agrado de quienes se han beneficiado con la violencia y son enemigos de la reconciliación que enfilaron baterías contra el Cnmh, en oposición a los colombianos de bien y la comunidad internacional.
Ahora esgrimen el argumento que no se puede acceder a los archivos oficiales, con informaciones militares, por consideraciones de seguridad y soberanía, argumento carente de legalidad que muestra los niveles de corrupción, complicidad, impunidad y desprecio por la historia a que ha llegado este país. Están haciendo creer que así favorecen a los militares, cuando la verdad es que el conocimiento de dichos archivos ayudaría a limpiar la imagen de quienes juraron defender la Constitución. No todos fallaron. Creerlo sería como afirmar que en los falsos positivos están comprometidos todos los militares.
Increíble, como para dar una pista del atajo, que los archivos de DAS se encuentren en el Archivo General de la Nación y sus funcionarios no sepan qué contienen. porque les está prohibido mirarlos para procesarlos. Una mina abandonada y sellada para la verdad.
Mientras encontramos un documento sobre el Batallón San Antonio, integrado por campesinos conservadores de ese municipio, al principio de la violencia partidista, los invito a apoyar el aporte que el Centro Nacional de Memoria Histórica le hace a la conciliación, la paz, el bienestar de los colombianos y nuestra historia.
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