No cesan las voces de protesta a nivel internacional, por las fisuras que el gobierno de Maduro le ha propinado a la Constitución Política. No es para menos, los textos constitucionales, se erigen como la hoja de ruta, que el constituyente primario, diseño, construyó y puso en marcha, para estructurar el orden social, jurídico y económico del Estado.
En Colombia, la constituyente de 1991 introdujo la participación, como principio fundamental para la consolidación de un Estado, ad portas de un nuevo siglo y enfrentado a diversas transformaciones de orden político y económico.
La Carta Magna, expuso claramente, en el Título IV, las diversas formas de participación ciudadana. El Artículo 103, expresa textualmente: “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará”.
Con base en el ordenamiento constitucional, el legislativo, promulgó posteriormente la Ley 134 de 1994, con el propósito de dejar diáfana claridad, sobre los procedimientos necesarios para interponer los mecanismos que la Carta del 91 impuso, en cumplimiento del mandato de la nación.
Es grave y preocupante, escuchar al Ministro de Hacienda y Crédito Público, afirmar que, al presupuesto del Estado, se le agotó el rubro para las consultas populares, lo que incluye por supuesto, las revocatorias de mandatarios locales y las consultas sobre explotación minera.
Por una parte, argumenta que las revocatorias representan un costo muy alto para el erario público, sumado al hecho que no son primordiales para el funcionamiento del Estado. Por otra, en el tema minero, ha esgrimido todo un conjunto de pobres argumentos, los cuales convergen hacia la necesidad de generar recursos, sin importar las consecuencias a los seres humanos y el ecosistema en general.
La posición del ministro Cárdenas, se enmarca en la mirada egoísta, extractivista y carroñera que las élites que ostentan el poder han tenido durante toda la historia del país. Basta solo con ver la deplorable realidad que hoy viven los indígenas wayuu, como consecuencia del arbitrario desvío del río Ranchería, para comprender, las razones de las comunidades locales, para temerle y rechazar las intervenciones mineras y petroleras.
Valdría la pena que el Ministro, que tanto sabe de corrupción; ya que en reiteradas ocasiones las ha vivido de cerca (Dragacol y Refical), propiciase desde el gobierno, mecanismos para disminuir la podredumbre gubernamental que sofoca a los más pobres. Y que acatara de manera estricta la Constitución Política, ya que no hacerlo, nos asemeja mucho al gobierno venezolano, del cual constantemente, incluyendo al ministro, critican por sus constantes ataques al orden constitucional.
Nada peor, para los desacreditados gobiernos colombianos de las últimas décadas, que venezolanizar el tratamiento hacia la “norma de normas”.
Analista Internacional
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