En los distintos escenarios del orden local, regional y nacional, se está hablando mucho de la creciente inseguridad y de la percepción que los ciudadanos poseen del tema.
Ciudades capitales como Bogotá, Barranquilla y Cali, entre otras, son objeto de controversia sobre los deficientes indicadores, que muestran panoramas dramáticos, en los cuales la criminalidad en todas sus expresiones se ha incrementado.
No obstante, las estrategias para contrarrestar el problema, es un factor que une a la mayor parte de los “especialistas” en el tema. Desde los administradores públicos, fuerzas armadas, gremios y peor aún los académicos, convergen en la vía represiva como única herramienta para mejorar los indicadores de seguridad.
En Barranquilla, el “mejor alcalde de Colombia”, no deja de amenazar con sacar al ejército, para que ejecute, el ejercicio que constitucional, es propio de la Policía Nacional. Asimismo, en el más reciente Informe Calidad de Vida 2008 - 2016 de Barranquilla Como Vamos, la academia solo hizo referencia a dos aspectos para derrotar la criminalidad en la ciudad; inteligencia policial e investigación criminal.
En esa misma ruta, se encamina la propuesta del candidato Vargas Lleras, quien en contravía de los estándares internacionales, propone endurecer el tratamiento penal a menores de edad, disminuyendo la imputabilidad de cargos de 14 a 12 años.
Desde estas tres perspectivas; un administrador público y empresario, un académico y un político en campaña, se evidencia una carencia de conocimiento sobre la evolución del concepto de seguridad. Los tres coinciden en la variable punitiva y coercitiva, que en esencia, obligaría al Estado, a construir más cárceles y saturar el complejo entramado judicial, reduciendo los presupuestos en la inversión social.
Muestran un flagrante desconocimiento, al desconocer que el concepto de seguridad se amplió a partir de 1980, al adicionar complejas problemáticas no militares en el marco conceptual.
Más concretamente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, en un Informe sobre Desarrollo Humano del año 1994, propuso y desarrolló el concepto particular de seguridad humana, con el propósito superar la simplista definición tradicional.
En tal sentido, el Pnud, expuso unas variables básicas esenciales, que dan forma y sentido a una innovadora propuesta sobre la seguridad. Se destacan, la importancia que se le otorga a la prevención y por otra, la manera en que se coloca al ser humano como epicentro de la propuesta. Por ello, se amplía el espectro conceptual, incluyendo nuevas categorías de amenazas a la seguridad humana, a saber: económicas, alimentarias, de salud, ambientales, personales, comunitarias y políticas.
Desconocer las siete variables que el Pnud expone, es pensar que el mundo se “estacionó” en el siglo XIX, una centuria en el cual, no se hablaba de cambio climático, de Sida, de inclusión social, solo se veía la sanción penal, la cárcel y se añoraba la hoguera, como la cura para todos los problemas de seguridad.
Al parecer, a diferencia de los países desarrollados socialmente, Colombia marcha a un ritmo lento, denotando una pobre visión sobre el concepto de seguridad, lo cual, se refleja y prospectará en los diversos escenarios sociales, políticos y económicos. Sin duda, el país del “eterno” conflicto, no solo requiere firmar la paz con la guerrilla más longeva del continente, además, necesita transformar de manera urgente, sus miradas sobre cómo construir una sociedad distinta, alrededor de una innovadora mirada sobre la seguridad.
Analista Internacional
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