El presidente mexicano, causó mucho revuelo como consecuencia de dos cartas que dirigió a la corona española y al Papa, exigiéndole el pedido de perdón a los habitantes originarios del país, debido a los asesinatos y torturas durante todo el proceso de conquista y evangelización.
De inmediato, se elevaron voces de protestas y por supuesto, un rechazo “con toda firmeza” por parte del rey español, por considerar que solo queda un camino: construir procesos de cooperación conjunta. En otras palabras, pasar la página de una parte de la historia que debería llenar de vergüenza a un país, que sumergido en un medieval modelo de gobierno, todavía considera que la “sangre azul” otorga derechos y que el resto del mundo, especialmente los indios latinoamericanos, no somos dignos de un necesario acto de contrición.
Esa “supremacía” racial sigue evidenciándose en el mundo. Es precisamente el gobierno de ese reyezuelo posmoderno, el que considera que los tesoros sumergidos en los océanos, producto del saqueo a sangre y fuego a los indígenas, continúan siendo propiedad de los ladrones. Si fuese cierto que la única intención de los españoles se ajustara a la expresado en la respuesta a Amlo - “construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación existentes” - al referirse a México y por obvias razones al resto de América Latina, no tendría las absurdas pretensiones sobre el oro y la plata hundidas en el Galeón San José, manchada todavía por la sangre de nuestros indígenas.
La posición del gobierno español es replicada con igual o mayor arrogancia en Colombia. Históricamente, los indígenas han sido desplazados de sus ancestrales tierras. De manera sistemática, los terratenientes arrebataron las reservas con la anuencia de los gobiernos, a las tribus que por siglos se asentaron y construyeron sus sociedades, sistemas productivos y un conjunto de normas, que en muchos casos superan las leyes que el poder legislativo promulga. La diferencia salta a la vista, los primeros, legislan bajo la sagrada egida de la moral y la ética, los segundos en pro de los intereses de la élite económica y política gobernante.
La minga del Cauca es consecuencia de los incumplimientos de todos los gobiernos, que desde Bogotá, consideran que los indígenas solo merecen migajas. Una clase política con mucho poder, con temor a que los aborígenes caucanos recobren sus territorios, usurpados históricamente sin ningún tipo de indemnización.
La minga del Cauca es una protesta a esa despectiva mirada que llevó a una legisladora a proponer una división entre “blancos”, “negros” e indígenas, acudiendo ante la carencia de argumentos al único fundamento que los mediocres suelen tener: acallar las voces de sus contradictores mediante la violencia, muy a la usanza de los ascendentes de la congresista que sin recato alguno propuso la división del departamento.
La minga del Cauca no necesita a la guerrilla, no requiere a los políticos, esa minga es un derecho y sus cimientos se sustentan sobre las más trasparentes pretensiones y una cosmovisión que cualquier “blanco” envidaría. Para todos los indígenas latinoamericanos esa minga es una de las razones por las cuales sentirnos orgullosos de nuestros ancestros.
Analista Internacional
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