Todo empezó con el referendo sobre el proceso de paz. Sectores políticos empeñados en desvirtuar la labor del presidente Santos apoyaron el rechazo popular al fin de la guerra. Desafortunadamente el Doctor Santos cayó en la celada y creyó que el proceso de paz tenía un amplio respaldo. Sus enemigos hicieron una campaña muy inteligente, parecida a las que hacia el ministro de propaganda de Hitler Joseph Goebbels, cuando asustaba a los alemanes con los judíos, los comunistas y desacreditaba la República de Weimar.
Se dijo que el Gobierno iba a entregar el país a Venezuela y habría una total impunidad. Por el contrario, el proceso de paz diseñó la justicia especial (JEP), pactó con la guerrilla y esperó que la Corte ratificara los acuerdos. Todos estos acontecimientos no fueron suficientes para los adversarios de Santos. Aprovecharon, por ejemplo, el caso Santrich para desvirtuar el proceso de paz. Se les olvidó que en el derecho existe algo muy importante como son las pruebas. Ningún funcionario judicial puede por más desagradable que sea la situación dictar providencia sin ningún buen sustento probatorio y parece que eso sucedía con Santrich. Hoy la Corte estudia el caso.
Fue tal el alboroto armado en forma inteligente, que ya apareció el verdadero problema. Algunos sectores políticos están pidiendo que se acabe la Jurisdicción Especial para la Paz y además que se suprima la Corte Constitucional. Esta sería la forma antijurídica de un triunfo. Echarían por la borda la Corte, como lo propusieron en campaña y de paso se llevarían la acción de tutela y de contera el estado social de Derecho.
Por otro lado, se asustan por el narcotráfico en un país donde los cultivos de coca están a la orden del día. Colombia es el mayor productor de coca en el mundo. Para acabar con esto no hay que destruir jurídicamente al país, sino tomar medidas aceptables en consonancia con el Derecho. Lo demás es buscar el ahogado río arriba.
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