El Presidente fue inusualmente enfático: “Devolveré el proyecto de Acto Legislativo  por razones de constitucionalidad y conveniencia; es la primera vez que un Jefe de Estado acude a este mecanismo”.

Santos no dijo por qué un presidente no había vetado antes una reforma constitucional y es porque no puede hacerlo. El veto presidencial se refiere solo a proyectos de ley (art. 166 de la Constitución) y no a reformas constitucionales (artículo 379), y así la Corte lo ha sostenido siempre.

El Mininterior, por su parte, declaró que “la Reforma de la Justicia no se promulgará y no está vigente”. Cierto que sin la publicación en el Diario Oficial las nuevas leyes no son obligatorias. Pero el Gobierno no puede demorar indefinidamente esa formalidad, que, según la Corte, vale para leyes, pero no para reformas constitucionales. La reforma ya es pública y los jueces pueden aplicarla.

Es difícil creer que los juristas del Gobierno no lo sepan. Y más difícil creer que se hayan dejado sorprender por un Congreso que controlan en un 86 por ciento, cuando la Mesa de Unidad sesiona en Palacio, después de ocho debates orquestados por ministros y cuando los 12 congresistas que metieron los “micos” pertenecen a su bancada.

El Presidente se lavó las manos. Pero el daño está  hecho, y ya las puertas de las cárceles se abrieron. Aunque la reforma se deshiciera más tarde -más aún: aunque en sí misma no hubiera sido mala- los investigados, los acusados y hasta los condenados que forman parte de la élite política van a pedir borrón y cuenta nueva.

La razón: en materia penal, cuando las normas cambian tiene que aplicarse la que más le convenga al procesado. Es el principio de favorabilidad, que sólo puede exceptuarse cuando la Constitución lo diga. Por eso en las versiones aprobadas se advertía que “nadie podrá pedir la revocatoria de una providencia alegando el presente acto legislativo”.

Así que el mico principal no fue ninguno de los cuatro que explicó el Presidente. Fue olvidar aquel parágrafo y dejar en el aire los procesos y condenas que se hayan iniciado o proferido contra los “aforados” es decir, contra los integrantes de la élite política. Ya no vale lo que la Fiscalía haya investigado, porque la Corte Suprema debe hacerlo; ya no valen las medidas de aseguramiento, ni quizás las curules perdidas o las sentencias penales ejecutoriadas, porque han cambiado los tribunales, las instancias y hasta las sanciones.      

Dijeron que la reforma era para que el pueblo tuviera acceso a la justicia. En vez de eso, declararon perdón y olvido para congresistas, ministros o altos funcionarios que están siendo procesados o han sido condenados al destaparse cada olla podrida de la “alta política”. Y para prevenir interferencias, a las cortes les quitaron los dientes, pero a los magistrados les alargaron el período y les corrieron la edad de retiro.  

No vamos hacia un choque de poderes. Vamos hacia un acuerdo entre poderes para que no haya justicia y la poca que haya les caiga a los de ruana.