Hace algunos años, siendo yo precandidato presidencial por el Partido Liberal, mi amigo Alberto Casas, me dio el siguiente consejo: “no hay que pelear con las encuestas. A una encuesta se le contesta con otra encuesta”.

Hace unos días asistí a la presentación del documental de Caracol Televisión “1989”, basado en el libro de la periodista María Elvira Samper, dirigido por Roberto Pombo, con la producción de Alessandro Angulo.

El pasado 24 de julio, la Universidad Externado de Colombia presentó su “Centro de Paz y Seguridad”, nueva contribución de esa prestigiosa casa de estudios a la formación de la juventud y a la consolidación de la Paz y las libertades públicas. La presentación estuvo a cargo del rector, Hernando Parra Nieto, y de su director, Andrés González Díaz, académico curtido en los complejos menesteres de la política, con amplia experiencia diplomática en la OEA, y partícipe en muchos de los procesos de paz con los grupos alzados en armas. También estuvieron profesores, jóvenes investigadores y reconocidos intervinientes en acercamientos con las guerrillas para superar el llamado “conflicto armado” como Humberto de la Calle y Eduardo Jaramillo.

Ya casi es una cantaleta hablar genéricamente de impunidad, lo mismo que de corrupción, pero sin mayor profundización. En general, no hay candidato o político que no anuncie combatirlas. En relación con la primera hay tres clases de impunidad: la judicial, la política y la social.

Una decisión de dos magistrados de la subsección segunda del Consejo de Estado –salvó el voto el magistrado Carmelo Perdomo– que anuló la destitución impuesta en el año 2012 por la Procuraduría General de la Nación, en proceso disciplinario contra el senador Eduardo Merlano, revive el debate sobre si el Ministerio Público puede o no destituir a funcionarios de elección popular: parlamentarios, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

En los primeros meses del 2002, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en la cúspide de su popularidad, planteó una especie de “Paz total” como elemento de su política de seguridad. Esa idea la han desarrollado casi todos los jefes de Estado.

Desde su surgimiento a mediados del siglo XIX, los partidos -por años el bipartidismo liberal conservador- existen como realidades políticas y sociológicas con mucho de sectarismo. Esto, por cierto, llevó a guerras civiles y a la llamada violencia liberal conservadora de mediados del siglo pasado. Los partidos funcionaron sin necesidad de reglamentación legal sobre avales, umbrales, directivas, suspensiones, votos programáticos en notarías, entre muchas otras “jaulas jurídicas” para la política.

Revive varios fantasmas la noticia sobre la apertura de investigación preliminar aparentemente por cohecho contra diecinueve representantes a la Cámara del Partido Liberal, derivada de las revelaciones de un informe de la W. Se podría asumir, a partir de lo dicho por el director del Fondo Nacional del Ahorro, que se trató de un intercambio de votos por puestos.

Ahora que el presidente de la República ha puesto de moda el concepto de “golpe blando” -en el fondo una referencia gaseosa en la que se mezclan factores de oposición inherentes a todo jefe de Estado, con decisiones que de manera independiente toma el Congreso y aun los jueces y fiscales de la República- es momento propicio para recordar los 70 años, que se cumplieron ayer, de uno de los golpes -ese sí de verdad- que llevó al general Rojas Pinilla al poder y cuyas consecuencias aún vivimos.

El vértigo de los acontecimientos de los últimos días -que han llegado al corazón mismo del poder- vuelve a facilitar la reflexión sobre el contenido, alcances y sentido de lo que llamamos genéricamente las “instituciones” y nuestro “sistema democrático”.