Que un Magistrado de la altas Cortes vaya a ser investigado por un Representante a la Cámara que aún no ha terminado la carrera de Derecho, y que se auto designó arbitrariamente en esa tarea – sin tener en cuenta otras historias de no muy buenos precedentes académicos y jurídicos del investigador- evidencia la urgencia de avanzar con eficiencia en varios aspectos claves de Reforma a la Justicia en Colombia.
Por una parte, la denuncia sobre supuestos casos de corrupción en la más emblemática Corte, precisamente la Constitucional, que ha impulsado a la nación entera en avances de conquista de instancias superiores en democracia, equidad, dignidad, consolidando la visión teleológica del Estado Social de Derecho, constituye un duro jab de la corrupción, directo a la mandíbula de la rama judicial.
Y por otra, la ausencia real de una instancia jurídica ágil y eficaz, que investigue y juzgue a los más altos funcionarios del Estado, representa un foco visible de impunidad frente a encumbrados personajes de la vida política y jurídica del país, que en gran medida convierte en cierto el viejo adagio aquel que la justicia sólo persigue a los de ruana. En este caso, reflejado en la inoperancia e ineptitud de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Como se repite en casos similares a este, lo del Magistrado de la Corte Constitucional que acaba de renunciar a regañadientes por tan sólo treinta días su cargo de Presidente, es tan sólo la punta del iceberg, de un acumulado histórico de denuncias que reposan ya casi por toneladas de papel en esa Comisión, - se calculan en 1570 procesos- durmiendo el sueño de los injustos, si se tiene en cuenta la cantidad de personajes denunciados en esa instancia inútil e inservible.
Lo otro por considerar, es que esa Comisión no está conformada por juristas, sino por líderes electorales que han sido elegidos parlamentarios. Y algo más grave: como no deciden en derecho fallan en bloque electoral, de acuerdo con las mayorías que la conforman. O sea, fallan… fallando. Esa Comisión de Acusaciones, es por esencia, una afrenta a la recta administración de justicia.
Sin embargo, en este caso no todo es apocalíptico: se vislumbra una tenue luz al final del túnel. La Fiscalía abrió investigación y tiene la estructura, el conocimiento, la fuerza institucional para buscar la verdad verdadera en dicho embrollo, así no cuente con la competencia frente a los aforados.
Puede ser, que un abogado –que conoce del derecho penal- no quiera autoincriminarse contando que pagó por un fallo, que al final no salió. O sea, víctima de una tumbada completa. En todo caso, ya en las instancias penales, - bajo la tipificación posible de concusión- la Fiscalía constituye la única esperanza de avanzar en investigación seria sobre el caso.
Ojalá al final, prime la investigación seria sobre el acostumbrado show –en este caso parlamentario- de presentar la justicia como espectáculo.
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