Euforia punitiva

El Congreso colombiano se ha convertido en las últimas décadas en una eficiente máquina para tipificar nuevos delitos, y eficaz en aumentar penas a conductas delictivas ya consagradas en el Código Penal. Lo anterior, a partir de la errada creencia según la cual, el incremento de penas, disminuirá la comisión de delitos por parte de la inmensa mayoría de colombianos de a pie. Muchos congresistas, han considerado que sus nombres quedarán inscritos en oro, al lado de los demás próceres de la historia colombiana, por el hecho glorioso de haber ayudado a crear un nuevo delito o regalado unos añitos más a una pena ya establecida. Dentro de esa visión, quien logre establecer la pena de muerte, frente a delitos que causen rechazo de toda la sociedad, se convertiría en uno de los más importantes líderes en la historia colombiana, al lado de Bolívar y Uribe (no Uribe Uribe sino Uribe Vélez, según una amañada encuesta de medios, de hace algunos años).

Tratar de combatir el delito tipificando nuevas conductas o elevando penas, constituye el fenómeno jurídico que muchos tratadistas han llamado, “populismo punitivo” y otros con algunos visos poéticos (pero sin justificación) “euforia punitiva”. En Colombia estos experimentos no han servido para nada. No cumplieron con el supuesto papel de ser factores disuasivos, a partir de cual fueron concebidos.

Y los ejemplos sobran: decenas de humildes campesinos están pagando largas e injustas condenas, por sembrar en sus lejanos y olvidados predios rurales, marihuana o coca, productos que tenían al menos comprador, cosa que no ocurría con el plátano, la yuca, el maíz o demás cultivos que no tenían mercado cercano ni lejano. Esos campesinos, de seguro, no saben leer ni escribir, y jamás se enteraron del aumento de penas para quienes se dedicarán a estos cultivos, y que palabras más palabras menos, les arruinaron su vida personal y familiar.

La salida a ese problema, nunca estará por los lados donde se programaron dichas medidas. Así lo están reconociendo importantes organismos internacionales que buscan combatir eficientemente al narcotráfico. Hace unas semanas, el Congreso anunció que la pena por feminicidio –delito creado como autónomo – podría alcanzar hasta los cincuenta años. A la fija, los psicópatas y asesinos que cometan estos execrables crímenes, poco cuidado pondrán al aumento de las penas, cuando decidan cometer sus depravadas fechorías.

Sin embargo, la última perla punitiva fue presentada con solemnidad, hace dos días, ya no sólo por el Congreso sino conjuntamente con el Gobierno nacional, en cabeza del Ministro de Hacienda: la pena para el contrabando de mercancías como licores, cigarrillos y textiles, entre otros, se incrementará de cuatro a ocho años de cárcel. Difícil imaginar que a punta de leyes penales -aumento de penas- se pueda combatir eficazmente el contrabando, regido -en este caso- por leyes de mercado. Más concretamente de oferta y demanda. Por ahí, no es la cosa. Lo único que logrará será mayor hacinamiento carcelario. Y ello agravará el problema social.

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