Por esta época, el tema de la corrupción se ha convertido en asunto de mayor preocupación, política e institucional a nivel nacional. Con justa razón. Y cuando hablamos de corrupción, nos tenemos que referir necesariamente a otras dos de sus facetas: la politiquería y el clientelismo, que constituyen necesaria trinidad del asalto al poder y por ahí derecho al erario.
Es decir, corrupción sin sistema electoral propicio para dichos protervos fines, no se podría entender ni explicar. Y el sistema electoral actual, propicia – ¡y de qué manera -; la vigencia de corrupción política e institucional a todos los niveles.
Entonces, no resulta acertado separar la corrupción de los procesos electorales, como desafortunadamente lo planteó el presidente Santos, al referirse al vía crucis que padece con el espinoso tema de Odebrecht, y tratar de diferenciar un soborno, de aportes ilegales a campañas electorales, sencillamente porque lo uno no se podría entender sin lo otro.
Literalmente, sobornar implica ofrecer dinero u objetos de valor a una persona –natural o jurídica – para conseguir un favor o un beneficio, sobre todo si es ilegal, o para que el sobornado no cumpla con sus obligaciones legales. En los procesos electorales, “los inversionistas” realizan las millonarias transacciones de financiación que después reclamarán con creces. El propósito es claro y definido.
Los aportes ilegales hacen parte del clientelismo, la politiquería y la corrupción, que nace, crece y se reproduce en las esferas institucionales, a partir de la vigencia de un sistema electoral viciado, en el cual, los resultados dependen ante todo de la cantidad de dinero invertido en esos propósitos. De aquí para adelante, todo el esquema y la estructura de poder cumple su función, de la mano de la politiquería y el clientelismo.
Por ello, resulta tan difícil participar en procesos electorales sin contar con las famosas tulas millonarias para comprar votos, en escala ascendente de inversión: edil, concejal, diputado, representante y senador. Los ediles aportan en la elección de concejales, estos definen diputados, quienes, a su vez, juegan duro y cobran fuerte para elección de congresistas. El negocio es redondo. ¡Y ni se diga para la tradicional elección de Alcaldías y Gobernaciones!
Lo único que frena ese tipo de corrupción es el voto de opinión: la participación consciente, reflexiva del elector. En el Tolima hemos padecido ese lastre de corrupción, reflejado entre otros fenómenos, en la cantidad de votos tolimenses por candidatos al Senado sin relación alguna con el Tolima, ni con el desarrollo integral de la nación, ni la paz, ni la profundización de la democracia, ni el control político. Estos elegidos, pagan y se van. Y cobran bien lo invertido. Ese es el negocio.
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