Los cambios y procesos de transformaciones políticas y sociales, necesarios para el avance en democracia y equidad en nuestra Nación, deben contar con el apoyo del Congreso, sin injerencia decisoria de la clase política. Suena discordante, pero es una realidad. Para la muestra un botón: el proceso exitoso de negociación entre el Gobierno y las Farc.
El enunciado parecería ilógico, si se tiene en cuenta que el Congreso constituye el escenario de expresión de la política colombiana. Sin embargo, esta absurda premisa para Dinamarca no lo es para Cundinamarca, entre otras razones, por la vigencia de un especial Régimen Presidencialista, a la colombiana.
En reciente entrevista, el saliente Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, admirado y respetado con justa razón por la inmensa mayoría de compatriotas, al comentar aspectos claves de la larga y tortuosa negociación adelantada en La Habana, registra que tanto las iniciativas estructurales del proceso, como las salidas a las crisis que amenazaban mandar al carajo dicha negociación, no pasaron por consultas, aprobaciones o consensos previos de la clase política colombiana. Sólo el acuerdo entre las partes, Gobierno y Farc, salvaron el proceso.
Lo anterior nos permitiría, llegar a muchas conclusiones. Una de ellas sería la de registrar que la actual clase política con los mismos vicios y mañas de las anteriores no lidera transformaciones sociales, económicas y políticas de alta incidencia en búsqueda de mayor democracia y equidad social en la nación. Sin embargo, resulta novedoso y propio de nuestras especiales condiciones, registrar, aunque sea mandato legal, que las iniciativas trascendentales y polémicas, impulsadas por el Ejecutivo, sin el apoyo del Congreso no tendrían ninguna viabilidad.
En este punto, alguien podría afirmar, con dificultad para controvertirlo, que el milagro legislativo opera, no a partir de virtudes sino de vicios parlamentarios: clientelismo y mermelada, que al final constituyen la misma paga. Obvio, con algunas brillantes y reconocidas excepciones.
De ahí, lo difícil de generalizar, en tiempo y espacio, los análisis de los procesos en concreto de la política colombiana. Se requiere observarlos en su particularidad, sobre todo en estos temas de paz. Por ello, se puede afirmar válidamente que el Congreso apoyó y salvó el Proceso de Paz.
De la misma manera, que se consideró en su momento electoral, que para alcanzar la paz no eran los mismo, Uribe y Santos, a pesar de ser ambos ejes emblemáticos de defensa y mantenimiento en el poder del esquema de desarrollo neoliberal y de una oprobiosa oligarquía que ha sumido al país en la pobreza y atraso.
Hasta ahora Santos y el Congreso, con todos sus vicios, han aportado favorablemente a un futuro con paz para Colombia. Es justo reconocerlo.
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