Gente divinamente

Camilo González Pacheco

La Constitución de 1991 diseñó un sistema judicial, para juristas como Darío Echandía, quien resaltaba a manera de honor existencial, entrar pobre y salir aún más pobre de la administración pública, no obstante haber ejercido altas dignidades dentro de la estructura institucional colombiana. O sea, conforme lo diseñado por los Constituyentes, funcionarios judiciales inabordables por agentes de la corrupción, cuya finalidad sería juzgar y fallar en estricto Derecho.

Así lo consagra expresamente la Constitución (artículo 230) al establecer que los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley. Mandato válido para los funcionarios honestos de la Rama Judicial, pero inexistente para los Pretelt, Ricaurte, Moreno, Bustos, Malo, entre otros funestos y poderosos personajes del poder judicial.

Falló el sistema de pesos y contrapesos creado, en este sentido, por la Constitución de 1991. Lo prueban los hechos bochornosos de los últimos días, porque al final, no fue el poder judicial el que moldeara y garantizara el ejercicio pulcro de la actividad política en el país, sino que sucedió todo lo contrario: el sector corrupto de la política nacional infiltró, permeó y corrompió altos estamentos del poder judicial. ¡Y de qué manera!.

El abultado concurso de delitos que los organismos de investigación imputaran a los cuestionados Magistrados, evidencia ese fatídico maridaje entre partes corruptas del poder judicial y la clase política colombiana. Se les acusará, nada más ni nada menos de cinco (5) delitos: concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias, uso abusivo de información privilegiada, enriquecimiento ilícito. Todo un engranaje de mafias, incrustadas no en la base de la sociedad, sino en la cúspide de ella y del Estado.

De ahí, lo preocupante de este encumbrado concierto para delinquir. Por un lado, porque no es un fenómeno delictivo de última hora. Necesariamente tiene profundas raíces en el pasado. Este entramado no se construye de la noche a la mañana. Y por el otro, dada su magnitud la imposibilidad de poder erradicarlo de manera inmediata.

Por todos es conocido, que este mal ya existía hace años, muy adentro de la institucionalidad nacional. Y salió a flote, sólo – y es justo reconocerlo- por una denuncia gringa. De no haber sido por esta noticia criminal, todavía estaríamos creyendo que en las Altas Cortes no entraba la podredumbre como Pedro por su casa. Y eso que faltan datos: agazapados y temblorosos deben estar grandes prohombres de la sociedad colombiana. “Gente divinamente” como dirían las abuelas bogotanas. Que posan como los adalides de la pulcritud, la moralidad y el progreso de la Nación. Sin ellos no habría podido existir este vergonzoso concierto delincuencial. Ojalá caigan más temprano que tarde.

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