La paloma de la paz

Camilo González Pacheco

La senadora Paloma Valencia se ha convertido en las últimas sesiones parlamentarias en punto de referencia en materia constitucional. Sin embargo, la opinión pública no ha percibido que sea una de sus fortalezas el Derecho Constitucional. Su fuerte ha sido la beligerante y vociferante defensa, a toda hora, de la vida y obra del Jefe único de su organización partidista. Y en ese campo, le ha ido bien.

Que de la noche a la mañana, haya resultado consagrada constitucionalista, tiene mucho de largo como de ancho. Las reformas por ella impulsadas y aprobadas en las recientes sesiones del Senado, tienen más de maniobra política que de análisis jurídico. En especial las referidas, a los ajuste hechos a la JEP, como la creación de la “sala especial” para el juzgamiento de los militares, la prohibición de participación política de los excombatientes hasta que cumplan sus condenas y la asignación de curules para las víctimas incluidos los uniformados, todo ello sin mencionar sus propuestas referidas a la extradición.

Estas reformas, obedecen no sólo a la estrategia de hacer trizas los acuerdos, sino también a un reacomodo incondicional de las viejas fuerzas parlamentarias, alrededor de los ganadores en el pasado debate electoral, en este caso, a las nuevas mayorías del electo Presidente de la República Iván Duque, a la espera de las migajas, prebendas y jugosa mermelada presidencial.

Lo mismo que antes, pero ahora más grave, por cuanto muchos de estos parlamentarios echaron por la borda sus principios y compromisos con las reformas necesarias para llevar a buen puerto los procesos de reconciliación adelantados por el actual Gobierno, y ponen en grave interinidad asuntos importantes para avanzar en la paz estable y duradera para el país.

Y más grave aún, por cuanto se evidencia una desvergonzada e indebida intromisión del Presidente electo, aún no posesionado, que incide de manera directa en la gobernabilidad de un mandato que no es el suyo, controlando parte del Congreso, sin tener las facultades constitucionales y legales para hacerlo.

Y algo igualmente aterrador, la incidencia evidente desde ahora, del Centro Democrático, en cumplimiento de su programa electoral, dirigido a desarticular el proceso de paz pactado con las Farc.

Toda una arremetida rampante del futuro Ejecutivo y Legislativo contra aspectos fundamentales del actual orden constitucional. Afortunadamente la última palabra la tiene la Corte Constitucional, más allá y por encima de los afanes y pretensiones hegemónicas de fuerzas políticas interesadas en retrasar el rumbo institucional ya definido hacia el futuro. La paz, entonces, sigue siendo un reto por alcanzar. Complicado.

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