Arropar solidariamente a la Corte

Camilo González Pacheco

En estos días con ímpetu y pasión desenfrenada, el expresidente Uribe, en coro con sus más cercanos áulicos arremete con vehemencia contra la Corte Suprema de Justicia, recusando a Honorables Magistrados, por haber sido llamado a indagatoria dentro de un proceso adelantado en su contra, en ese alto Tribunal, como si se tratase de un simple mortal cualquiera.

Por ello, saltando despóticamente parámetros constitucionales y legales, decide con descaro escoger equivocada y arbitrariamente el escenario para su defensa, aportando y controvirtiendo elementos probatorios, ante un puñado de temerosos periodistas y una inmensa masa de ciudadanos ajenos al conocimiento de los principios fundamentales que rigen el Derecho Penal.

El quejoso no es un ciudadano del común. Se trata de un expresidente de la República que como lo sostienen seriamente prestigiosos politólogos nacionales, es el hombre más poderoso de Colombia. Entre otros detalles, porque él sólo controla el Ejecutivo y cuenta con buenas mayorías en el Legislativo para marcarle el ritmo a esta corporación en su actividades legislativas y de control político. Sólo le queda por fuera del carriel, el Poder Judicial, al que pretende avasallar.

Vistas las cosas así, la derecha colombiana victoriosa en el poder, bajo sombra solidaria con su caudillo, busca desprestigiar y debilitar a la Corte Suprema de Justicia, lo que por lógica y coherencia conceptual y política conlleva a que los demócratas y las fuerzas alternativas, la defiendan para evitar caer en una dictadura de derecha, a la colombiana.

Es decir, defender el principio rector de la democracia de la separación o división de poderes, para evitar como lo enseñaban los clásicos del Derecho, que el poder político del Estado se acumule en una persona. En otras palabras, como lo decía Montesquieu, que de seguro nunca conoció al Presidente “eterno”, evitar la tentación: “Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentre límites”.

Los demócratas en Colombia, rodeando y apoyando a la Corte Suprema, están defendiendo tales límites, consolidando la vigencia de la institución, en el sentido de hacer efectivas las potestades legislativa, ejecutiva y judicial ejercidas a través de órganos estatales autónomos, distintos e independientes entre sí.

Igualmente, con la defensa de la Corte, se está avalando la vigencia del Acuerdo de Paz que los uribistas y su Centro Democrático añoran hacer añicos y regresar armados y beligerantes a un resucitado conflicto interno.

Quizás por eso, para ellos, el escenario apropiado para patear la Corte Suprema de Justicia, sea el establo de la residencia campestre de un capataz embravecido.

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