La reciente condena a 30 años de cárcel contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, como determinador de la muerte de Jaime Garzón, muestra la coherencia jurídica de un fallo con los hechos probados en ese proceso penal, y deja abierta la puerta del objetivo análisis político de tan lamentable acontecimiento para la paz y la democracia colombiana.
En efecto, el condenado Narváez desarrolló e implementó su conducta criminal a partir de una visión del Estado, vigente durante el mandato del presidente Uribe, conforme a la cual el concepto predominante era el de la Seguridad Nacional, que definía al comunismo como el principal enemigo de la soberanía; negaba la existencia de un conflicto interno en Colombia y por lo tanto, impulsaba la guerra para lograr la derrota militar de las organizaciones criminales.
Apoyados en esa errada visión institucional, el Estado pactó soterradamente con un buen y prestante sector de particulares y grupos paramilitares, una alianza estratégica para combatir el “comunismo”, sigla que englobaba la izquierda, los defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicales, entre otras muchas expresiones políticas y sociales de la democracia colombiana.
Y la batalla se hizo con todo: la formalidad aparente de legalidad estatal, pero también con la tenebrosa actuación paramilitar acompañada de asesinatos, secuestros, torturas psicológicas y físicas, chuzadas ilegales, y cualquier tipo de desmanes atentatorios contra la vida y la dignidad humana.
Ese oscuro período histórico que nos avergüenza ante la comunidad internacional y las futuras generaciones, logró ser superado en buena medida, y no sabemos por cuanto tiempo, a partir de reconocer que en Colombia sí existía un conflicto interno, en especial entre el Estado contra las Farc y el Eln; que por décadas se había comprobado que ninguno de los actores estaba en capacidad de obtener victoria militar en corto tiempo; que las Farc habían descartado la opción de triunfo popular por la vía armada; que el Estado podía adelantar un Acuerdo para evitar el costo de la guerra en muertes, víctimas, recursos económicos y sociales.
Al final, predominó, afortunadamente este concepto y se inició un período de paz que ojalá no desfallezca en este nuevo mandato presidencial.
El peligro de deshacer, o hacer trizas lo construido en paz está latente. Se escuchan voces y susurros en la cúspide del Estado y el Centro Democrático que incide sobre el Ejecutivo, repitiendo la línea política impuesta en su tiempo por Narváez y Carlos Castaño, negando todavía la existencia del conflicto interno y soñando que el Estado debe derrotar rápido y militarmente la subversión.
O sea, negando la viabilidad de acuerdos de paz. Nada de perdón, ni olvido. Peligrosa tesis, a estas alturas.
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